¿Democracia y mercado? Comenzando por el fin

Un recuento del final del régimen que modernizó el Perú

En 1993 la Constitución fue modificada para permitir la reelección del presidente Alberto Fujimori Fujimori. Luego de las elecciones de 1995, se discutió la interpretación jurídica del hecho. En ese momento, el Tribunal Constitucional afirmó que contaban dos elecciones: la de 1990 y la de 1995, y que una tercera reelección no era viable. De ahí en adelante vino una sucesión de acusaciones. La primera — de Enrique Chirinos Soto— comenzó con la invectiva: «¡Yo debo acusar, yo acuso!», y se persiguió a los miembros del Tribunal Constitucional, algunos de los cuales partieron al exilio. Las protestas por este abuso no se hicieron esperar, y por primera vez desde principios del noventa los estudiantes perdieron el miedo a la calle y a la represión. Esa fue la primera marcha estudiantil en una década y el estreno de una serie de marchas cívicas que, eventualmente, se concretaron para derrocar al dictador en la Marcha de los Cuatro Suyos. Esa fue la última manifestación pública de las iniciadas en 1997.

El haber forzado la lectura de la ley y falsificado un millón de firmas para poder presentarse a las elecciones del año 2000 preocupó al gobierno de los Estados Unidos, que apoyaba a su par peruano debido a su triunfo en la lucha antiterrorista, a su control aparente en la producción de hoja de coca y a su prudente política económica. Sin embargo, a inicios de 2000 asomó una fractura de políticas. Por un lado el Tesoro, a través del Banco Mundial, estaba muy contento con el régimen y le demostró su apoyo — incluso luego de la reelección— y el departamento de Defensa apoyaba al régimen por lo que significaba para la relación con Colombia y para la aplicación del Plan Colombia. Por otro lado, el departamento de Estado estaba indignado por el atropello de los derechos humanos y la flagrante violación de los principios democráticos.

Ante eso, en orden de hechos: en mayo de 2000 la Secretaria de Estado Madeleine Allbright le advirtió al ingeniero Fujimori que podría quedarse en el cargo y ser reelecto presidente en la segunda vuelta del año 2000 — a pesar de la falsificación de firmas para poder correr en la contienda— con la condición de que se deshiciera del asesor de inteligencia nacional, ex capitán del Ejército Peruano y abogado, Vladimiro Montesinos Torres. La segunda vuelta electoral se realizó el segundo domingo de junio, pero el ingeniero Fujimori ignoró la advertencia de la Secretaria de Estado. Días más tarde juró el cargo ante los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Montesinos organizó una reunión en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la que todos los militares de alta graduación firmaron su lealtad al Presidente electo. A los pocos días se celebró una escandalosa misa en la Catedral de Lima que ocultó estos hechos mediante un manejo psicosocial promovido por el Cardenal Cipriani. Inmediatamente después llegó a Lima una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para supervisar la marcha regular del proceso electoral. El gobierno electo en 1990, que nació como una esperanza de renovación política y refundación nacional, estaba al borde de la defenestración.

Entre junio y julio de 2000 se organizó una importante movilización popular, bautizada como la «Marcha de los Cuatro Suyos», en la que participó gente llegada de todos los rincones del país. Las reuniones preparatorias sugerían que el 28 de julio se movilizarían centenares de miles de personas en el centro de Lima, y Montesinos organizó un montaje para dar la impresión de que en dicha marcha habría desmanes e incendios. Con tal fin, reclutó delincuentes de los barracones del Callao, quienes se infiltraron para producirlos. Por otro lado, hizo colocar bombas incendiarias que explotaron en el Archivo de la Nación, en el Palacio de Justicia y en el Banco de la Nación, en La Colmena. Este último ataque causó varios muertos y heridos.

Al mismo tiempo que esta imagen de caos aparecía en la televisión, se podía ver la autojuramentación de Fujimori, quien presa de un visible nerviosismo se puso la banda presidencial al revés. Tras un breve discurso, el Presidente salió del Palacio Legislativo bajo estrictas medidas de seguridad, y fugó a refugiarse en el SIN.

Días más tarde se hizo público el operativo «Plan Siberia»: aviones de la Fuerza Aérea Peruana traficaban armas y las lanzaban en paracaídas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A esto sucedió la noticia de que el Departamento de Estado de Washington estaba enterado del asunto desde tiempo atrás. Poco después el país quedó indignado tras la difusión de un video en el que se ve a Alberto Kouri — miembro del Partido Popular Cristiano y hermano del alcalde del Callao— recibiendo dinero de Montesinos para pasarse al partido de gobierno en el Congreso. Montesinos compraba por pocos dólares convicciones ideológicas, filiaciones partidarias y conciencias.

Inmediatamente después de hecho público este primer video se celebró una reunión en Palacio de Gobierno que contó con la presencia de Montesinos. En esa oportunidad se acordó que lo mejor era que el ex asesor saliera del país. Luego se inició la búsqueda de asilo político para el — hasta entonces— héroe en la lucha antisubversiva y soporte político del régimen. Montesinos partió al exterior tras una breve ceremonia de adiós en la cual Fujimori le hizo entrega de un maletín con 15 millones de dólares en efectivo, como reconocimiento a su labor. Montesinos partió desde el Grupo 8 de la FAP en un avión alquilado al Banco de Crédito a través del asesor del Ministro de Economía, un funcionario de dicho banco prestado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin duda esto fue posible gracias a la relación existente entre Dionisio Romero — presidente del Banco de Crédito del Perú— y Montesinos. Pocos días después, el 14 de septiembre de 2001, Fujimori, desencajado, apareció en todos los noticieros importantes del mundo anunciando que llamaría a elecciones en marzo de 2001 para poner fin a su gobierno, que ya iniciaba su undécimo año. Acto seguido, y ante la negativa de la presidenta de Panamá Mireya Moscoso de dar asilo al ex asesor debido a presiones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, Montesinos regresó en busca de algo, presumiblemente materiales que ayudaran a incriminar a su antiguo hermano gemelo, con quien compartía residencia en el segundo piso del SIN y corbatas, amén de dinero en efectivo, a la usanza japonesa.

Mientras tanto, Fujimori tomó nota del regreso del ex asesor a Lima y fingió ir tras él. Fue grabado en imágenes televisivas que deben haber sido producidas especialmente: el ingeniero guiando «la búsqueda del desaforado criminal», vestido con un chaleco de periodista — antibalas— , y acompañado por un ciudadano que se hizo pasar por fiscal, además de nubes de policías. Fujimori caminaba normalmente con 15 vehículos escolta, es decir con 75 policías de las fuerzas especiales. Irrumpió en el departamento de Montesinos, donde estaban su esposa e hijas, y se llevó cajones de videos y otros materiales que entregó a su cuñado Aritomi para que los cuidara. Días más tarde vino la partida de Montesinos entre gallos y medianoche, esta vez en un velero grande alquilado a un señor Lizier, vecino de Naplo. Viajó acompañado por personal de seguridad y una amante, sin duda en una representación cinematográfica de una fuga en una novela negra. Su travesía lo llevó a Costa Rica, y luego a Venezuela, donde recibió cobijo.

En Lima, mientras tanto, las masas en las calles presionaron por la salida del gobernante. Un grupo de artistas plásticos liderados por el conocido crítico Gustavo Buntinx, organizó un acto llamado «Lava la Bandera», donde personas representativas de la sociedad peruana hacían el acto simbólico de lavar las manchas hechas al país con barras de jabón. Otro grupo de artistas plásticos, organizados bajo el nombre de «La Resistencia» y liderados por Víctor Delfín y Rosana Cuba, a fines de 1999 montaron «El Muro de la Vergüenza», donde los paseantes anotaban y dibujaban lo que pensaban sobre los actores políticos. El movimiento de la gente en las calles, estos dos núcleos simbólicos de fuerza política y la imagen de un gobernante aislado, sin el apoyo de su socio y asesor político, antecedieron un viaje aparentemente inofensivo a Brunei para que el Presidente del Perú representara a la Nación en la Conferencia de los Países de Asia Pacífico.

Esto solo pudo suceder cuando las élites políticas se convencieron de su necesidad y se pusieron de acuerdo en la fórmula para su salida. En ese momento los fujimoristas de ayer se convirtieron en los demócratas de hoy y se tendieron los puentes para permitir una renuncia del presidente. Cobarde y operático, este fugó con sus bolsas de videos — y quién sabe qué más— en 37 bultos a San Francisco, donde lo esperaba su cuñado Víctor Aritomi, ex embajador del Perú en Tokio. Aritomi, que había estado una década en Tokio, lo acompañó a guardar los bultos, y ambos partieron a Manila — donde permanecieron dos días— , después a Brunei — donde estuvieron otros dos días— y luego a Tokio, desde donde anunció que tenía pasaporte japonés. Esta fue la última traición de un proceso que se inició cuando alguien del SIN sustrajo el primer video y se lo hizo llegar a Fernando Olivera. Luego vino la traición de Fujimori a Montesinos, la de Montesinos a Fujimori, y finalmente la de Fujimori al Perú. Fue un juego de traiciones que acabó con la gran traición a todos los peruanos que habían creído en él, tanto en los sectores más ricos como en los más pobres, ambos anclas políticas del régimen. 

Fujimori el moralizador: ¡Honestidad, tecnología y trabajo!

En la última etapa, luego de la partida de Montesinos, Fujimori reclutó un procurador para que viese el caso de Montesinos: José Ugaz Sánchez Moreno, conocido penalista a quien Montesinos tilda de mafioso. Así las cosas, Fujimori partió y se inició una transición liderada por Valentín Paniagua, quien asumió el cargo de Presidente de la República y reforzó la Procuraduría Anticorrupción ya creada para estudiar los casos de Montesinos. Esta instancia logró encarcelar a un conjunto de generales y algunos ex ministros y dueños de los medios de comunicación masiva.

En esta etapa se hizo pública una parte de los videos grabados por Montesinos en el SIN: conversaciones sostenidas con líderes políticos, empresariales y dueños de medios de comunicación. Los peruanos y peruanas vimos al asesor principal del SIN pagar rumas de dólares de montos varios a diversos personajes para que se callasen o dijesen lo que quería el gobierno, para que se pusieran de lado, cambiasen de bando o renunciaran a la conciencia ciudadana. Los montos oscilaban entre 3 mil y 10 millones de dólares, y se efectuaban ante los lentes de cámaras escondidas. Se pudo observar también la labor de bisagra que ejercía Montesinos entre los empresarios y las cortes, agencias del Estado y servicios públicos. Además se notó que en los videos no aparece Fujimori en situaciones demasiado comprometedoras, lo que permitió entender la razón de la persecución policial a Montesinos y de la irrupción a su departamento. Luego se hizo público que el fiscal que acompañó a Fujimori no lo era y se aclaró aún más que la perfidia del dictador hizo que su traición a Montesinos al mismo tiempo lo excluyera de lo obvio: no cayeron juntos a pesar de haber sido mellizos inseparables, compañeros de piso en el SIN y hermanos de corbata. Sin Montesinos, Fujimori no hubiera sobrevivido una década en el poder.

Cuando cayó Montesinos, Fujimori ya había limpiado todo aquello que pudiera incriminarlo. En ese marco, seis meses después de la fuga de Fujimori, y por acuerdo de las élites políticas, se llevaron a cabo las elecciones ofrecidas por este para marzo de 2001 y salió electo — por negación— Alejandro Toledo. Se dijo que seguiría los caminos de la transición y que fortalecería la democracia, recogiendo ministros y representantes políticos de todas las canteras. Ese fue un momento importante: algunos políticos fujimoristas se pasaron al bando de los demócratas y algunos empresarios que se beneficiaron del gobierno de la dictadura se convirtieron en demócratas y ministros del nuevo régimen. Metafóricamente hablando, cuando Sonia Goldenberg, ex alta funcionaria  del fujimorismo e hija de Efraín Goldenberg — quien fuera ministro de ese mismo régimen en distintas oportunidades— exclamó, luego de la presentación que hiciera José Saramago de su novela El misterio de las cavernas, «¡Cómo pudimos ser tan ciegos!», expresó el repudio al pasado de los militantes de la dictadura defenestrada.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación

El inicio de la transición democrática liderada por Alejandro Toledo, acompañado por un gabinete plural, permitió que se abriera en el Congreso — presidido por un ex congresista fujimorista reconvertido a demócrata— un espacio para investigar la corrupción de Fujimori, de Montesinos, del Poder Judicial, de la deuda externa y de los delitos económicos y financieros.

En la historia en el Perú, era la primera vez que se contaba con una oportunidad de este tipo. La caída de Fujimori — a diferencia de la de Leguía— fue por la vía civil y arrastró consigo el prestigio de las Fuerzas Armadas, la que resaltaron por su conducta corrupta. Esa debilidad institucional permitió que se investigaran las muertes de las últimas décadas y la corrupción. La esperanza era que todos los peruanos viéramos los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la de Corrupción y que, enfrentados a nuestra realidad sangrienta, racista y sin valores, reaccionáramos juntos para, a partir de entonces, conformar un nuevo perfil nacional. Es decir, se planteaba la posibilidad de poner una piedra de toque en la conformación del nuevo Perú. Sería una inflexión en el curso de la historia.

Durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua se formó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar las muertes y desapariciones forzadas de origen político durante las décadas del ochenta y del noventa. Luego, al inicio del gobierno democrático del presidente Toledo, se formaron seis comisiones en el Congreso de la República para estudiar los distintos ángulos de la corrupción existente durante la década del noventa. Hacia mediados de 2003 apareció el Informe Final de la CVR, que estimó en 70 mil los muertos por razones políticas durante las décadas del ochenta y noventa, y advirtió que el 75% de estos era quechuahablantes.

La reacción de los partidos políticos frente al informe se dejó sentir en forma de rechazo, tanto de la derecha política como de un sector minúsculo de la izquierda. El tema en discordia fue si Sendero Luminoso era o no un partido político y si el número de muertos realmente fue de 70 mil, versus los 26 mil aceptados hasta entonces. Finalmente, ninguno de los dos lados reconoció que el tema de fondo de la guerra era el racismo, y que tanto Sendero como las Fuerzas Armadas mataron quechuahablantes ante la indiferencia — o, peor aún, la resistencia— frente al otro, quien nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos como sociedad. El informe de la CVR fue anunciado por el presidente de la República, quien lo hizo suyo en una ceremonia cargada emocionalmente y luego de más de tres meses de entregado.

Quedó para el trabajo de la sociedad peruana la necesidad de reconciliación con la población quechua. Es necesario pedirle perdón por el tratamiento históricamente injusto que se le ha dado, cuyo epítome fue la masacre genocida de las décadas del ochenta y el noventa. También quedó claro que no todos pensamos esto y que el racismo seguirá dividiendo al país. El viejo refrán de la década de 1920 que dice: «El único indio bueno es el indio muerto», sigue siendo válido para una parte de la sociedad peruana, lo que impide la reconciliación nacional y subraya la naturaleza social de una estructura donde nos miramos como vencedores y vencidos y no como conciudadanos y donde nadie se quiere reconocer del lado de los vencidos, lo que genera problemas de identidad sin solución. Esta es la madre del problema de la exclusión y la pobreza.

Los informes de la corrupción

El Congreso de la República presentó los documentos que ventilan quiénes son los actores que cometieron los crímenes en los diversos campos y lo que hace falta hacer para evitar que esto suceda otra vez, incluyendo la reforma del Poder Judicial, del Código Penal, del Código Procesal Penal y del Poder Legislativo, que fue asaltado por los adictos al poder de Fujimori. Estos atropellaron no solo las funciones legislativas de fiscalizar y normar sino la de discutir los temas centrales para el buen gobierno. Dicho esfuerzo del Congreso significaba un alto a la impunidad que ha prevalecido en la historia del Perú, y debió de haber sido reconocido por todos los actores políticos actuales como un punto de inflexión para la construcción de un Perú más igualitario y justo. Sin embargo, los sectores relacionados con los partidos políticos y la derecha católica reaccionaron en contra de estos documentos, en algunos casos saboteándolos. Al momento de ingresar este libro a imprenta los acusados salen libres por prescripción de delito en un poder judicial y un ministerio público que ha enterrado los mismos. No obstante, la divulgación de esta información ha sido educativa para la población.

¿Qué es la corrupción?

La primera respuesta a esta pregunta es que la corrupción consiste en la ejecución de actos reñidos con la ética. Esta respuesta no basta, porque no todos los actos reñidos con la ética están inscritos en el Código Penal. Esto lleva a otra interrogante: ¿las prácticas culturalmente aceptadas son crímenes o no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón las comisiones de venta son prácticas empresariales naturales y dichos gastos son objeto de descuentos tributarios para la empresa como gastos de ventas, sin interesar a quién se le paguen.

Visto desde el punto de vista del receptor, si quien recibe la comisión es un funcionario público, se trata de una coima legalmente punible y socialmente censurada. Claramente hay dos lecturas del mismo hecho: la de la relación entre causa y efecto, y la del beneficiario. En los créditos corruptos está claro que los beneficiarios son los vendedores de los productos inservibles, como en el ejemplo de las naves hoy hundidas y siempre inservibles Mantaro y Pachitea. También está claro que esa corrupción fue cobijada por la banca internacional, que impidió solidariamente por todos los medios que se anularan los créditos en cuestión entre 1983 y 1991, cuando el gobierno peruano dejó de impugnar las operaciones y el Congreso cesó el hostigamiento sobre los mencionados buques. ¿La solidaridad de los banqueros internacionales con los estafadores que vendieron estas naves es corrupción? ¿Complicidad? ¿O sencillamente esa es la manera de hacer negocios en estos tiempos del todo vale?

Cuando se investigan los procedimientos utilizados en alguna operación importante — por ejemplo, la recompra de la deuda externa— , intentando comprender la institucionalidad realmente existente, es evidente que fue una operación oscura, aunque quizá no haya sido un crimen penalmente punible. La falta de 494 millones de dólares sí es un crimen denunciable. Lo ocurrido ha sido criminal para con el país, pero eso es otra cosa. Un mapa de las relaciones entre Fujimori y Montesinos durante la década expresaría hasta dónde estaban presentes los empresarios y los banqueros dentro del Estado. Es imposible afirmar, por ejemplo, que las consultoras que se llevaron el grueso de las licitaciones para consultas en la década estaban vinculadas a Montesinos o Fujimori, pero sí puede decirse que cuando cuatro empresas consultoras se llevan la inmensa mayoría de las licitaciones gubernamentales, algo extraño sucede.

Lo mismo ocurre con los estudios de abogados: en una lectura de los procedimientos da la sensación de que durante la década del noventa solo hubo cuatro en el país. La restricción al acceso y el cierre del mercado en nombre de la apertura es una incoherencia, pero no un crimen. En todo caso, es inadmisible en un régimen que se autotituló como «de libre mercado». Del mismo modo, otorgar el monopolio de la cerveza a Backus y Johnstona fines de la década del noventa, o el monopolio de las harinas a Alicorp, fue un atentado contra el libre mercado. La justificación jurídica fue que no tenían posición de dominio de mercado… porque había cerveza o harina importada. Eso fue una tomadura de pelo legal pero no un crimen; una perfecta incoherencia con la idea del libre mercado y de la competencia en el sentido económico. Luego uno de los abogados que sustentó por qué no era monopolio el tener un solo propietario de toda la producción de cerveza en el Perú, se pasó al bando inverso y abogó que lo es para una segunda empresa que ingresó al Perú a competir. Es cinismo o está para el diván y no para la sala anticorrupción, salvo que haya habido un cheque que motivara la incoherencia en la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Y lo hecho, hecho está, porque el siguiente comprador compró la empresa en buena fe y, finalmente, Backus ya no pertenece a quienes cometieron esta violación al sentido común. Así es la ley. Solo cuando un competidor intentó entrar al mercado se habló del monopolio cervecero.

La existencia de precios monopólicos afecta tanto a los consumidores — quienes ven limitada su capacidad de compra— como a los empresarios y al país, cuya competitividad disminuye. El resultado económico del monopolio siempre es igual, sin que sea relevante la naturaleza del monopolista o del administrador de precios. ¿Hubo delito en la decisión de Indecopi de no declarar la existencia de dominio de mercado a Backus si compraba todas las empresas peruanas de cerveza? ¿Alguien de Backus le pagó a alguien de Indecopi por semejante tomadura de pelo o fue espontánea, por vínculos familiares? En una sociedad cerrada y de panacas¹, como la peruana, las concesiones pueden deberse a las razones más variadas. Hay delitos cometidos sin que medie dinero, pero van a darle dinero a alguien río abajo. El nombramiento por parte del ex ministro de Economía,  de su hijo como representante del Estado en el directorio de un banco privatizado — el Continental— es nepotismo, pero además implica una serie de delitos, pues el nombrado era gerente general de la empresa privada fundada por su padre, quien trabajaba con el banco y recibía créditos de él. A través de su empresa, el padre recibió beneficios de este nombramiento, pero no intermedió a un tercero. En resumen, se aprovechó del cargo. Si a esto se agrega que durante esa década su empresa constructora creció impulsada por contratos públicos y que estos eran pagados con dinero proveniente de la privatización, entonces estamos ante un tipo de aprovechamiento del cargo que va mucho más allá del uso de información privilegiada. Por eso siempre estuvo acompañado por su abogado, a quien el Estado peruano le pagó casi medio millón de dólares en los seis años de su ministerio.

Y no se trataba de un ministerio franciscano: era un Estado rico para quienes lo manejaban. El asesor principal ganó 12,000 dólares mensuales libres de impuestos, por ejemplo. En esa medida, los empresarios autodenominados «liberales» de la década del noventa le declararon la guerra al resto de las clases sociales peruanas y ganaron una mayor porción de la torta haciendo mercantilismo del más básico, en la forma definida por ellos que veremos más adelante. El ingreso nacional está más concentrado hoy que hace una década. La redistribución del ingreso hacia abajo para ampliar el mercado es tarea del Estado liberal; la igualación absoluta es función del Estado socialista. La manutención del poder y de la porción de la torta, así como su crecimiento, históricamente correspondían a los conservadores, los mercantilistas del siglo XIX. En un acto de magia, los liberales decidieron cerrar el paso a un mercado nacional ampliado y asegurar un mercado pequeño y excluyente que beneficiaría sobre todo a los operadores políticos de la década. Para asegurar que fuera así, pactaron con el FMI el 15 de enero de 1993 que los impuestos estarían basados en el consumo como manera de fomentar la inversión.

A mediados del decenio del noventa, cuando todavía soplaban vientos modernizadores, hubo algunas intervenciones públicas del Ministro de Economía que dejaron la sensación de que el gobierno era corrupto. Esto se hizo patente en el tratamiento de la deuda externa, sobre la cual echaron un manto oscuro y no rindieron cuentas. Por su parte, el Parlamento llamaba repetidamente al Ministro, quien se limitaba a tachar de ignorantes a los congresistas, sin aclarar los temas en cuestión. En 1997 el Ministro de Economía fue tres veces al Congreso para explicar la operación del Plan Brady, sin explicar ni eso ni la operación de la deuda rusa que luego se vería en las comisiones investigadoras de la corrupción.

Los rumores sobre corrupción tomaron mayor fuerza cuando se identificaron naves de la Marina de Guerra que transportaban latas de sardinas con cocaína pura (caso Hayduk). El avión presidencial apareció con una carga de cocaína rumbo a Moscú — iba por armas y repuestos— y grandes volúmenes de este producto fueron descubiertos en rutas de exportación, algunas de las cuales eran usadas por vehículos o naves de las Fuerzas Armadas peruanas. Se diría que el narcotráfico había llegado al poder en el Perú, y en efecto, esto parece ser cierto, aunque todavía los juicios a Montesinos y Fujimori están en curso. Lo más probable, según las acusaciones realizadas por la fiscalía, es que Montesinos haya tenido relaciones estrechas con el narcotráfico y que el tráfico de cocaína y de armas para las FARC haya formado parte del mortífero negocio del asesor presidencial y hombre fuerte del régimen. Empero, si un régimen es corrupto en el seno del poder, es muy probable que la corrupción lo trascienda. En un proceso de modernización estatal — donde el Estado adelgazó su aparato de control mientras al mismo tiempo privatizaba— , se abrió un horizonte importante de toma de recursos públicos por los agentes políticos y económicos del país. Los miembros del aparatchik liberal al parecer se enriquecieron de manera burda a costa del Estado.

Lo que se encontró sobre corrupción

La corrupción es un nuevo sujeto de estudio surgido por la evidencia de la magnitud del desastre peruano de la década del noventa debido a las filmaciones con las manos en la masa de actores políticos y empresariales del más alto nivel. La novedad del asunto en el marco de un régimen político derrocado — como ocurriera con Carlos III de Inglaterra en pos de la nueva República— abrió varias posibilidades de acceso. Una fue analizar los procesos económicos públicos en su relación con el sector privado y las causas de sus deficiencias desde el punto de vista institucional: las cosas pueden funcionar mal cuando deben hacerlo bien, pero generalmente hay una causa que va más allá de la estupidez humana. La ineficiencia es una cosa y el mal funcionamiento es otra.

Cuando las leyes escritas no se respetan, y quienes no lo hacen son los empresarios más importantes — de la mano de los abogados mejor pagados del país— , algo pasa con el concepto de país, mas allá de la cultura del «usted no sabe con quién está hablando» y del «y usted quién se cree», que normalmente termina en la compra de un policía o un juez, o del sistema judicial en su conjunto. Cuando las mismas leyes son tramposas — como ocurre con un decreto supremo que regula una ley tributaria para fusiones de empresas dictada en 1994— , el propio aparato está descompuesto. Cuando todo tiene un precio, desde el Poder Judicial hasta el policía de la esquina, y nos parece bien a todos porque es funcional al sistema, algo está muy mal.

La segunda fue penalizar a los responsables de semejantes hechos, afectando el Poder y haciéndolo caber dentro de la ley. La corrupción en el Perú no es un asunto de «engrase» de funcionarios sino de extracción de riqueza, como hemos visto en los vladivideos y en los interrogatorios a los más importantes empresarios nacionales por la Comisión Investigadora de Delitos Económicos del Congreso². Incluso se ha podido atisbar al Subsecretario de Estado encargado de América Latina del gobierno de los Estados Unidos comunicándose con Montesinos para resolver un problema de una minera norteamericana  y, luego de esto, al terminar su período, yendo a trabajar un período para dicha empresa. Es decir, mirando la corrupción en el Perú se jaló un hilo que llevó a la corrupción en ultramar. Esto no ha querido decir que se haya logrado penalizar a los mismos, porque el Poder ha mostrado que sigue siéndolo y que está por encima de la ley peruana, como en la colonia, cuando los privilegiados estaban por encima de la ley peruana solo siendo juzgados por la corona.

Eficiencia y privatización

En la década del noventa, el Estado maldecido fue fuente de riqueza para aquellos vinculados con el Poder, porque el gran inversionista del Perú — y el mayor depositante en la banca peruana— es el Estado. Esto no es una novedad, pero no va acorde con los discursos de la década. Mucho menos el regreso del Estado a la actividad económica por pobreza. Ese es el caso de la línea aérea TANS de la Fuerza Aérea Peruana, por ejemplo, y el de la falta de privatización. Parece que el gran descubrimiento dejado por la privatización es que las cosas son similares a como eran antes, pero cuestan más al consumidor y a la balanza de pagos y generan menos empleo. También se descubrió que muchas empresas públicas fueron transferidas a pesar de que generaban ganancias para el Estado, como sucedió con los rubros de telefonía y electricidad. El argumento usado en ambos casos fue que el monto de la inversión requerida para el cambio tecnológico era alto.

En opinión de Williamson,(1989) la privatización es positiva porque aumenta el nivel general de eficiencia. Este es un argumento microeconómíco que parte del principio de que los empresarios tomadores de riesgo están directamente al mando de la empresa. Los funcionarios públicos no son empresarios en esta visión. El otro argumento es que las empresas públicas son utilizadas políticamente y por eso generan perdidas; u otorgan subsidios y así producen las pérdidas; que luego el erario nacional debe de cubrir. Por tanto, la privatización debería haber elevado la eficiencia y disminuido los precios de los bienes y servicios finales. Como esto no ha ocurrido en el Perú todavía, queda la pregunta de si la mejora de la eficiencia se limita únicamente a las ganancias de los inversionistas internos o externos.

Dice Jorge Katz (2000) resumiendo la literatura sobre eficiencia y privatización:

Se supone que lo que es bueno para la eficiencia microeconómica necesariamente debe serlo para la equidad del proceso de transformación estructural preconizado. Los hechos no parecen corroborar tales expectativas, y ello está siendo crecientemente percibido tanto por los círculos académicos como por las agencias internacionales y las autoridades de gobierno de los países de la región, que están cada vez más proclives a razonar sobre la base de supuestos de asimetría de información y de fallas de mercado, y ven por ello la necesidad de mercados e instituciones...

La eficiencia tiene que ver con la gestión microeconómica y con la visión de la gestión a ese nivel. Una empresa pública europea, Telefónica de España, tuvo una visión moderna de su gestión y de manera altamente eficiente se capitalizó en América Latina para luego pasar a ser una empresa privada. En otros casos, las empresas han permanecido en manos del Estado pero con una gestión eficiente y despolitizada de administración por resultados. El caso de Codelco de Chile — empresa productora de cobre que a su vez se transformó en accionista internacional de minas cupríferas y accionista en empresas transformadoras de cobre alrededor del mundo— es una muestra de gestión microeconómica eficiente con una visión empresarial de largo plazo dentro de una visión macroeconómica y estratégica de largo aliento.

Esto indica que la fuente de eficiencia no es la propiedad sino la gestión. El riesgo de politizar la gestión empresarial es la mayor amenaza a las empresas públicas y ha sido la causa de su desplome. Esa es una lección mal aprendida en América Latina, pero que sí entendieron los economistas chilenos que decidieron no privatizar Codelco y mantuvieron un instituto del cobre para investigar el mercado de los productos de dicho mineral y el desarrollo de usos nuevos. Al mismo tiempo, cuidaron el profesionalismo de la empresa y adoptaron las innovaciones tecnológicas en curso.

La radicalidad del discurso y del proceso privatizador peruano impidió un proceso lógico. La privatización en el Perú tuvo dos etapas: de 1992 a 1996 y de 1996 en adelante. En total, se vendieron parcial o totalmente 228 empresas por un valor de 9.221 millones de dólares, de los cuales 6.993 millones ingresaron al tesoro público; el saldo corresponde al crédito otorgado a los compradores. Una apreciación de la celeridad de la venta de las primeras 228 empresas es que fue tomada como una revancha contra el Estado dentro del péndulo peruano que Gonzáles de Olarte (1994) señalara hace más de una década. ¿Esto incrementó el nivel general de eficiencia de la economía peruana?

La venta de monopolios públicos a monopolios privados sin la existencia de un ente regulador que participara en la operación, pactando el precio de las tarifas y otorgando la seguridad de monopolio por cinco años fueron las bases para la compra de la concesión de la telefonía. Un acuerdo estipulado en el contrato fue que los precios se reducirían según el incremento de los índices de productividad. El resultado final es que la empresa no entrega información. Si bien es cierto que el costo de instalación por línea se ha reducido de manera sustantiva, la tarifa cobrada al consumidor ha pasado a ser una de las más altas, si no la mayor, de América Latina.

Las empresas distribuidoras de electricidad en Lima — Luz del Sur y Edelnor— tenían el compromiso de extender las líneas a los sectores más necesitados a cambio de obtener el monopolio para su sector. El resultado fue que, en primer lugar, usaron el Fondo Nacional de la Vivienda y fueron parcialmente exceptuadas de devolver el dinero prestado. En segundo lugar, las instalaciones subterráneas características de Lima desde la década del setenta fueron sustituidas por instalaciones aéreas, porque eran menos costosas. En tercer lugar, las tarifas se reajustaron sustantivamente sin que se observara en los primeros años el funcionamiento de la reguladora. Las reguladoras en el Perú son pagadas por los regulados, y los empleadores principales de los funcionarios de las reguladoras son las propias empresas reguladas, por la pequeñez del mercado laboral y porque no existe ninguna limitación reglamentada para trabajar con el otro lado de la mesa de negociación.

No puede dejar de mencionarse la creación de un incentivo a la inversión y de engaño al Estado: consistió en una ley tributaria que permitió la fusión de empresas, de la mayor a la menor, incorporando la revaluación de activos de la nueva empresa — la menor revaluada al valor de la mayor— , con una nueva depreciación acelerada. Esto alivió de la carga tributaria directa a ambos monopolios desde 1994 y no se anticipa que paguen impuestos a la renta hasta el año 2012, como efecto del blindaje creado por los créditos fiscales derivados. ¿Esto aumenta el nivel general de eficiencia? Las medidas indicadas son microeconómicas e incrementan la rentabilidad de la inversión pero no modifican la eficiencia empresarial, salvo que se mida la productividad considerando los artificios y subvenciones estatales.

En otros casos, como AeroPerú, las empresas pasaron de representar una pérdida pública a ser vendidas y liquidados sus activos por el comprador, para quebrar seis años más tarde, no sin antes haber trasladado el negocio de la carga aérea a la empresa del comprador así como la facturación al exterior para evitar el pago de impuestos. En este caso en particular, comprobamos la irregularidad adicional de haberse vendido al capital extranjero una empresa que debería tener un 51% de capital nacional, mediante el uso de testaferros construidos y ubicados por el asesor del Ministro de Economía que vendió la empresa, al mismo tiempo representante de los compradores. SiderPerú fue vendido a plazos a un consorcio que no la pagó, y cuyos miembros quebraron o salieron del mercado, por lo que regresó a manos del Estado en una fórmula nueva. Otros que se comprometieron a invertir en los años siguientes incumplieron el compromiso, y aun otros nunca pagaron lo adquirido, como sucedió con los hoteles de turistas de la cadena de Entur.

Sin duda la razón tecnológica es el fondo de las privatizaciones, en la medida en que los cambios tecnológicos requieren de inversiones nuevas masivas para reemplazar las existentes. Frente a eso queda evidencia de que, con la excepción de Telefónica, no ha habido una mejora tecnológica sustantiva. Para eso, Telefónica ha mantenido el monopolio de la telefonía fija y ha retomado el cuasi monopolio de la telefonía móvil, y tiene muy poca competencia en conexiones de televisión de cable y de transporte de información. Por último, no muestra señales de ser regulada.

La inexistente discusión sobre tecnología y las reformas

Desde el punto de vista del debate contemporáneo, los aspectos tecnológicos y la nueva sociedad posindustrial son el tema medular (Smart, 1992). Esto quiere decir que se discute si hemos pasado de la sociedad industrial a una nueva era posindustrial, en la que se produce información, la mano de obra no calificada no tiene espacio, la competencia se basa en la información actualizada, y las certezas, el empleo seguro, las fábricas fordistas y el taylorismo han pasado a la historia. El objetivo de la tecnología es incrementar la productividad, ahorrando costos de mano de obra, energía y materias primas por unidad producida. Esto ha llevado a la creación de nuevas tecnologías y a desplazamientos de los centros de producción a partir de una nueva concepción de trabajo flexible, con el propósito de reducir el costo de mano de obra, pero evitando usarla donde sea posible. Para eso sirve la nueva tecnología de la información, que contiene funciones antes realizadas por una persona. Los ejemplos más simples van desde los programas de contestación telefónica para redes hasta las máquinas de vender refrescos, o mejor, producir sin la mano humana en fábricas cien por ciento automatizadas.

La industria gráfica es un buen ejemplo: han desparecido los linotipistas, tituleros, lavadores del plomo, el linotipo mismo, La nueva tecnología funciona sobre otro principio que requiere sobre todo de operadores de computadoras. En el extremo, la sustitución absoluta de las materias primas por bienes tecnológicos es una tendencia cuyo primer ejemplo es la sustitución del alambre de cobre por la fibra óptica para las telecomunicaciones. Hasta ahora, la energía no parece ser sustituida sino utilizada más racionalmente, a pesar de los esfuerzos tecnológicos por usar energía eólica o solar, y etanol de caña como energías renovables.

En 1973, el sociólogo Daniel Bell acuñó el concepto de sociedad posindustrial en su clásico The coming of post industrial society, refiriéndose a una nueva sociedad donde los cambios en la esfera de la producción surgen de los desarrollos en la ciencia y la tecnología (Smart 1992). Evidentemente la tecnología es un elemento exógeno a la economía peruana, pero sin tecnología propia será imposible asimilar los nuevos conocimientos. Es decir, se requiere de cierto grado de información para operar las tecnologías y saber para qué sirven. Estas tecnologías exógenas deben de indigenizarse si se desea que el crecimiento económico tenga un efecto distributivo lo que requiere de un esfuerzo educativo tanto de la fuerza de trabajo como de los empresarios que deben de interiorizar que las innovaciones producidas en sus plantas son las que generarán la singularidad de su producto frente a los demás y que existe la base de información para hacer eso siempre y cuando exista la fuerza de trabajo profesional y no profesional educada para eso.

Esto, por lo pronto, separa a quienes pueden aproximarse a la tecnología de los que no pueden hacerlo, y crea la necesidad de reformar la educación. En segundo lugar, las tecnologías son respuestas a demandas sociales. La ausencia de agua en el desierto llevó al desarrollo de tecnologías de riego por goteo en Israel. La existencia de fuertes vientos y la falta de montañas condujeron al desarrollo de la tecnología eólica en Holanda. Sin embargo, hay desierto en todo el Medio Oriente, pero solo Israel fue capaz de desarrollar el riego por goteo y de transformar agua salada en agua dulce. La capacidad de generar tecnología está en las personas instaladas en los centros donde se acumulan conocimientos. Ello implica una inversión en infraestructura de conocimientos, universidades, centros de investigación; incentivos para el nuevo conocimiento, revaloración del conocimiento y el establecimiento de puentes entre la demanda de tecnología y los que la ofrecen.

El gasto en investigación (I) y desarrollo (D) es el medidor de esto, y la profundidad de la importancia de la tecnología la da el total de gasto en I+D/PBI del Estado y del sector privado, sea en universidades y centros de investigación académicos o en empresas e institutos públicos, tipo el Instituto del Mar. En la era del conocimiento, el desarrollo se basa en eso. Por lo tanto, la reforma económica madre en los países que han salido de pobres ha sido la educación en su sentido más general. Esto ha requerido de una reforma de Estado que permita a los estudiantes acceder a más educación y al Estado llegar más lejos con los recursos existentes. Tal es el origen de la modernización asiática y la fuente del milagro chino. Cuarenta años de inversión en educación y de enviar a generaciones a universidades líderes del mundo para especializarse, han mostrado una China capaz de poner al hombre en el espacio, a la par que mantiene ritmos de crecimiento económico de 10% en promedio durante más de veinte años.

El incremento de la productividad en China está directamente relacionado con los crecientes niveles educativos y no con el uso de mano de obra barata. Como se verá, la mano de obra es más barata en el Perú que en muchos países asiáticos y latinoamericanos. Si no es mano de obra calificada, que comprenda lo que se debe hacer con la maquinaria compleja que se va a usar, no es útil.

En el Perú, el gasto público en educación se redujo al 25% por alumno en 1970. En la era de la educación, la variable de ajuste presupuestal fue la educación, y el resultado es el que se aprecia. Sobre esto, la reforma de la educación propuesta fue la privatización, para compensar la falta de recursos públicos destinados a educación (Díaz, 2000). El diagnóstico de Díaz al final de la década del noventa es que entre 1990 y 1998 el gasto público peruano en educación creció a 12,6% anual, pero el gasto en educación en el Perú es una fracción de los vecinos. Perú utiliza el 3% del PBI, mientras que México y Chile estaban en 5,6% y Brasil en 5,1%.(253) El gasto público por estudiante primario en el Perú en 1995-96, es de 155 dólares, en Chile de 1.807 dólares, en Argentina de 1.158 dólares, y en México de 1.015 dólares.(253) “Lo que ganaba un docente a inicios de 1999 en valores reales, era alrededor de la décima parte de lo que recibía en 1965 y 40% con relación a julio del 90. (254)

Ante este panorama, como expresión de valores y problemas que hay que atender, se aprecia que los dos volúmenes sobre las Reformas incompletas (2000) producido por los ideólogos/políticos/operadores encargados de llevar a cabo las reformas económicas — en los cuales los reformadores evalúan lo hecho por ellos en la década preparándose para el próximo siglo— no dedican una línea a la tecnología; y contiene solo un capítulo sobre educación — uno solo— centrado en la parte escolar primaria. Más que reformas incompletas hay visiones incompletas del problema nacional.

[...]

Finalmente

La corrupción no es sinónimo de liberalismo ni el autoritarismo lo es de modernidad, aunque en el Perú de los noventa ambos lo sean. Tampoco el concepto de Estado es sinónimo de ineficiencia y corrupción. Un gobierno no es solo su presidente sino que incluye a sus ministros, asesores, técnicos de alto nivel, congresistas, que deben de ser de la misma idea y actitud hacia la vida para compartir el poder con un régimen de esta naturaleza. ¿Era muy distinta la actitud de Fujimori y su gente de la de Abimael Guzmán y la de este frente al «otro»?

El futuro del Perú recae en los jóvenes que habrán aprendido — o no— las lecciones de esta década y su modus operandi. Actualmente se observan jóvenes intolerantes que queman libros de poetas de la generación anterior, en una forma de oscurantismo que recuerda a Franco, Hitler, la Acción Católica del siglo XIX y la Inquisición y tienen tan interiorizada la conducta que no la reconocen como oscurantista. Tambien se observa a la derecha católica de por sí oscurantista y a una nueva masa de jóvenes religiosos sodalicios fanáticos. Esto nos debe recordar que la cultura peruana fabrica intolerancia y negación del «otro». Es decir, no parece haber más tolerancia ahora — después de la dictadura— que hace una década — antes de esta–, lo que debe advertirnos sobre la posibilidad de recurrencia de los fenómenos despóticos y las luchas internas en la sociedad peruana.

No hay acuerdo en escucharnos los unos a los otros dentro de un saludable desacuerdo democrático, que es el que permite avanzar, donde exista la noción de que «otros» ocupan un espacio público que impide que «unos» estemos dentro, como si dicho espacio fuera finito y una caja de zapatos. Hay la noción de que si logramos sacarlos, los podemos sustituir, como si el espacio público fuera una tina de 1,80 metros de largo por 70 centímetros de altura, con una cantidad finita de agua. Ni el poder es una pelota de fútbol, ni el espacio público una tina con agua de la cual hay que desplazar a unos para meter a otros. Tampoco hay acuerdo en que no se puede estar con Dios y con el diablo, y que todo tiene un precio que debe de ser pagado. El cuerpo político (body politic), conformado por todos los peruanos y peruanas representantes y representados en el espacio público, no se escucha entre sí. Somos emisores de mensajes pero no receptores, lo que impide el diálogo. Es decir, no llega a conformarse una comunidad política coherente. En este marco no hay acuerdo nacional posible.

El Perú moderno parece consistir de actores nuevos que se portan del mismo modo que los actores viejos y que no han establecido liderazgos políticos que escuchen lo que la población está diciendo. El viejo hábito de hablar en el nombre de otros sigue, sin el mandato de esos otros y con el mismo abuso. En las presentaciones ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los partidos políticos responsables por la conducción del país durante la década del ochenta — y, por lo tanto, responsables políticos de lo ocurrido desde el lado del Estado en el conflicto con Sendero Luminoso y el MRTA— sufrieron amnesia y fueron perfectamente incapaces de enfrentar la realidad enrostrada. Es decir, una década de dictadura no los hizo más sobrios ante la borrachera del poder ni introdujo la posibilidad de la introspección sobre la razón del colapso de sus partidos políticos. En su lugar se inició una campaña en contra de la CVR, acusándola de parcializarse y de reconocer a Sendero Luminoso como partido político.

El silencio de los peruanos, leído como apatía, es un rasgo que permanece. Hay un silencio frente a lo indignante que resulta en la acumulación de ira en la gente, que luego se expresa con violencia. Esto hace muy difícil para los agentes políticos comprender lo que sus representados quieren. Naturalmente, el silencio y su contraparte pulsional hacen imposible el diálogo. De otro lado, hay núcleos de profesionales de la política que no parecen haber comprendido que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX. La derecha católica presiona por convertir la ley de Dios en la ley del hombre, siguiendo el viento conservador mundial que sopla desde Washington, el Vaticano, Tel Aviv y Teherán, y que tiene en los musulmanes ortodoxos a sus aliados naturales. Fujimori y el régimen político de la década del noventa fue parte de ese esfuerzo. La separación entre Iglesia y Estado se encuentra en cuestión, ante un empuje de la derecha católica y desde el propio Vaticano. La derecha católica ha convertido en «pecadillos» los delitos de corrupción en el espacio público peruano. Al otro lado, los sectores de la izquierda no comprenden que estamos en una nueva era, donde la información es el eje, la imagen lo que vende, y la cultura el signo distintivo.

La cultura es la suma de todas las formas de creación y conocimiento de una sociedad, y lo único sobre lo que nos paramos todos dentro de la diversidad existente. Es nuestro modo particular de hacer las cosas. Habitamos una cultura que podemos o no reconocer, pero estamos inmersos en ella, comemos de ella, bebemos de ella, hacemos negocios dentro de ella y conocemos dentro de ella. Los peruanos y peruanas tenemos la inmensa capacidad de negar esto, así como el hecho de que al lado de China, Persia, Egipto, Grecia o México seamos uno de los poquísimos países del mundo con una vieja y complicada historia de varios miles de años. Tampoco reconocemos que la cultura peruana, como todas las culturas viejas, es fruto de migraciones internas y externas que la enriquecen y le dan su variedad. Esto se expresa en las formas gastronómicas, por ejemplo, así como en la vestimenta, las celebraciones religiosas y la estructura familiar.

Todo lo anterior enmarca el final del régimen modernizador, llamado «liberal», e introduce la posibilidad de tener formas de política y de protesta que puedan defenestrar a gobernantes del poder, como ocurrió con Fujimori al final, y tener luego una amnesia sobre el apoyo previo al dictador. La cultura política peruana es pragmática y reacciona a las ofertas del candidato de turno. Cuando el pueblo se siente defraudado porque las condiciones materiales no responden a sus expectativas, puede salir a las calles y echar al responsable. En esto la cultura política peruana, la ecuatoriana y la boliviana — es decir, la cultura andina— parecen reaccionar del mismo modo. Luego todo se olvida y se repite el ejercicio.

Notas

© 2004, Oscar Ugarteche
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Para citar este documento:
Ugarteche, Óscar: «¿Democracia y mercado? Comenzando por el fin», en Ciberayllu [en línea]