10 agosto 2004	Memorias divididas y larga duración Colofón del libro La batalla por Puno. Conflicto agrario y Nación en los Andes peruanos. 1866-1995, SUR-CEPES-IEP, Lima, 2004.
	Jose Luis Rénique

«...la gran mayoría de los peruanos que están excluidos de los servicios del Estado y del marco jurídico se consideran más como pobladores peruanos que ciudadanos. El caso más crítico es si este poblador es mujer o su lengua materna no es el español».
Documento de CARE-Perú¹  

«….al margen de la imaginación de los intelectuales, de los signos,  la nación se constituye cotidianamente mezclando polisistemas, memorias, discursos y nacionalidades».
Dorián Espezúa²

«Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos».
Karl Marx³

Quince años después de aquella visita de 1987 de la que se originó esta investigación recorro nuevamente el norte puneño. Quiero auscultar el rastro que los acontecimientos en este libro relatados han dejado en la memoria de sus protagonistas; reflexionar, a través de sus testimonios, sobre el legado de la «batalla por Puno».

«El campo está tugurizado», señala Charles Prime —acaso el más connotado ganadero del departamento— mientras nos desplazamos a través de la provincia de Melgar. A mis ojos urbanos el altiplano luce como siempre: desolado, majestuoso, eterno. Prime, sin embargo, conoce cada palmo de esta tierra como yo los vericuetos de la ciudad en que resido: un puñado de casas de piedra, a la distancia, señala el nacimiento de una pequeña propiedad ahí donde hasta hace algunos años existía una empresa asociativa. «De Ayaviri a Pucará —continúa— una alambrada flanqueaba la carretera.» Hoy no esta más. Y su ausencia es, para él, sinónimo de la imposibilidad de crear una industria pecuaria de alto nivel. De ahí que hable de un campo tugurizado.

Su padre llegó a Puno en los tiempos de la Peruvian Corporation, de los experimentos de modernización del Coronel Stordy. Lo acompañó en el arduo litigio por retener —en los años de la reforma velasquista— su propiedad. Ganaron. Sólo para vérselas unos años después con tomas de tierras y columnas armadas. Los senderistas —recuerda Prime— «entraban a las cabañas de los pastores, les preguntaban cuanto les pagaba, si los explotaba». Nunca me tocaron dice orgulloso. Muchos en la región dicen que los propietarios que sobrevivieron a los subversivos lo hicieron pagando cupos. No fue ese su caso dice con firmeza. Su residencia —un chalet californiano enclavado en la altiplanicie— exhibe los reconocimientos a la calidad de su producción. En los galpones del fundo, sin embargo, su producción anual casi completa sigue esperando comprador, debido —dice Prime— a los precios insultantemente bajos que se le pretende pagar. A mediados del 2002 productores como él se sienten merodeados. Han visto pulverizarse la grande y mediana propiedad. Nada ha surgido en su reemplazo. Politización es lo que prevalece. Con el «retorno a la democracia» Prime ha sido convocado al Consejo Consultivo del Ministro de Agricultura desde donde ha podido comprobar —dice— lo poco que le importa al Estado el destino del agro serrano. Como en el 87, por si no fuera suficiente, ha retornado la agitación. Un movimiento de «jóvenes sin tierra» ha anunciado, por esos días, que se prepara para realizar tomas en áreas vecinas a su propiedad. Denuncian la exclusión de viudas e hijos de los ex —trabajadores de las ERPS del proceso de parcelación. Socios y directivos —sostienen— se habían repartido la tierra sin haber considerado a quienes tenían hasta treinta años de servicio laboral. Quieren recuperar lo que debió ser de sus padres. Comenzaron a fines del 99 en el marco de un reavivamiento de los gremios campesinos. Se pregunta Prime si la «tugurización» en curso no se lo llevará de encuentro también a él: la propiedad en las peores manos. El campesino —en su opinión— carece de «cultura agropecuaria». Lo suyo —dice, refiriéndose a parceleros y ex —feudatarios— es el comercio. Sin una ganadería próspera no hay futuro para Puno. Y sin gran propiedad no hay ganadería. Tarde o temprano —sentencia— tendrá ésta que regresar La ganadería requiere empresas grandes capaces de atraer inversión. Una empresa italiana —subraya— tiene interés en tomar la flamante planta lechera construida cerca de Ayaviri. Pero se encuentran con la inestabilidad que proviene de una intensa parcelación. Y eso desalienta al capital.

Las cifras ilustran la confusión dejada por las tomas, la reestructuración y los arrasamientos de los 80. 542 comunidades existían hasta 1985 en el departamento. Entre 1986 y 1993 surgieron 662 comunidades «nuevas». Se trataba de una táctica para obtener tierra. Muchas de ellas nunca llegaron a funcionar como tales. En su mayoría —según Ricardo Vega— eran «experiencias antitécnicas, sin soporte legal, excluyente de campesinos más pobres en muchos casos atentando contra la institucionalidad campesina».⁴ En manos de las EEAA queda apenas un 2.6% de la superficie agropecuaria. Personas naturales y comunidades campesinas controlan más del 90%. Es el fin cabal de la gran propiedad. No surge, sin embargo, una visión alternativa sobre la base de esta nueva realidad. Diversas entidades, por ahora, se abocan al «saneamiento» de títulos y a la elaboración de un catastro de tierras. ⁵

Quince años atrás, el sociólogo Ricardo Vega era la Némesis de personajes como Charles Prime. En su Land Rover blanca recorría los distritos de Melgar apoyando la lucha comunal. En el IER «Waqrani» disertaba sobre la «vía campesino comunera» de desarrollo regional reputada como superior a la «asociativa». Tras el ciclo conflictivo, liquidado el PUM, Vega seguiría desarrollando esa visión a través de la ONG que dirige desde la ciudad de Puno. En vísperas de las elecciones regionales del 2002, Vega lamenta que no se subraye lo suficiente aquello que para él resulta tan obvio: que Puno es un departamento esencialmente ganadero. «¿Coincides con Charles Prime?» le pregunto aludiendo a sus viejos antagonismos con éste último. «En efecto» me dice. «Quizás ahora que pasó la violencia —añade— podamos sentarnos a la mesa a pensar en conjunto en el futuro de la región».

«Antonio», taxista de Ayaviri, me transporta desde el fundo de la familia Prime a la ciudad de Juliaca. Llegó a la zona desde un departamento vecino siendo miembro de los «Sinchis» la fuerza contrasubversiva de la Policía Nacional. Conversamos durante el viaje sobre sus experiencias de quince años atrás. Fue testigo de los «arrasamientos» senderistas en el distrito de Nuñoa. Causantes por cierto de la destrucción de algunas de las más eficientes unidades productivas del departamento. Cientos de cabezas de ganado fino que quedaron abandonadas. «Grandes negociados» se produjeron, dice, recordando cómo algunos oportunistas ganaderos informales se habían apropiado de ganado recuperado,  recurriendo para ello, en más de una ocasión, a sobornar a los propios funcionarios policiales encargados de restablecer el orden en la zona.

En una céntrica calle de Juliaca, la notaría Quintanilla bulle en actividad. Campesinos entran y salen. En su lengua nativa dan los detalles de un contrato o para una carta-poder a varios jóvenes que traducen y «digitan» la información en la computadora. Terminada la atención al público la notaría se transforma en el cuartel general de la campaña  del abogado Alberto Quintanilla Chacón a la presidencia regional. Miembro de una importante familia «política» de Puno, década y media atrás era un destacado militante del PUM. Dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Ingeniería purgó cárcel bajo la dictadura militar de los 70. Se graduó de abogado, posteriormente, en la Universidad de San Marcos. Fue diputado nacional por la Izquierda Unida entre 1985 y 1992. Tras el «fujigolpe» y luego del colapso de su partido se instaló en la región: adquirió una estación de radio y abrió su despacho notarial.

Acompaño a Quintanilla a un encuentro de Poder Democrático Regional —la organización que apoya su candidatura— en la ciudad de Azángaro. Más de cien personas asisten al evento, celebrado bajo un sol inclemente, en el patio de un colegio estatal. Reconozco entre los asistentes a muchos activistas de la FDCP de los 80. Manejan la cuestión de las firmas para la inscripción de su candidato con el mismo ahínco que década y media atrás discutían sobre tomas de tierras. En los últimos años han ganado experiencia como concejales y alcaldes. La situación del agro domina el debate programático. Han desaparecido los «asesores» foráneos. Es un movimiento netamente local. En el camino de regreso Quintanilla comenta sobre sus posibilidades electorales: le preocupa el voto urbano, el de Juliaca, en particular. La respuesta la traerían las ánforas meses después. El Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara «Marqa» será el vencedor. De las canteras de la izquierda puneña de los 70 —de Puka Llacta en particular— su candidato a la presidencia regional, David Jiménez Sardón, es un viejo adversario de los ex-pumistas puneños.⁶ Agrónomo de la UNA, gerente de EEAA en Junín y Ancash, Jiménez Sardón se presentó como un técnico eficiente, enfatizando en la producción alpaquera como clave para el desarrollo económico de Puno. Pulsa, al mismo tiempo, las fibras étnicas con su discurso de reivindicación quechua-aymara. Familiares y su viejo núcleo de Puka Llacta conforman su equipo de campaña. ¿Los tecnócratas de la Universidad del Altiplano versus los activistas de la FDCP? Dos redes en busca del espacio dejado por la desaparición del FRENATRACA de la familia Cáceres.

En Lima, precisamente, converso con el legendario Roger Cáceres Velásquez. En sus maneras dinámicas percibo su energía de antaño. Que le llevó a batir todas las marcas en activismo parlamentario: 44 años como legislador, el parlamentario más veces elegido en la historia del Perú, el «decano parlamentario de Hispanoamérica». Es lo que le queda de su trayectoria. Me alcanza documentos mostrando su impresionante record legislativo. Autor —dice de él un folleto—de una «verdadera revolución educativa» a través de una «gestión sistemática para la creación de numerosísimos planteles educativos y de plazas docentes» en «todas las capitales provinciales y distritales» así como «numerosísimos planteles secundarios, comunales, cooperativos y ediles».⁷ Impulsor de «cientos de proyectos de creación de distritos y provincias, muchos de ellos aprobados». Eran otras épocas. Con la desaparición de la «iniciativa parlamentaria» el capital político del FNTC iría desgastándose hasta fenecer. En el 2000, su hermano Luis Cáceres Velásquez y su sobrino Roger Cáceres Pérez aparecen vinculados al affair de los «tránsfugas». Es el acto final de la reelección fujimorista: la manufactura de una mayoría parlamentaria por la vía del soborno. Un poco glorioso final para los algunas vez conocidos como «los Kennedy del altiplano». Otro camino trunco del laberinto puneño.

Elegido al Parlamento con la lista de «Somos Perú», Gregorio Ticona es otro de los «tránsfugas» del momento final del fujimorismo. Reclutado para la izquierda allá por los tiempos del PCR haría una interesante carrera política después del colapso del PUM. «Siendo muy joven —relata el propio Ticona— asumí la representación de mi comunidad campesina y desde ahí me comprometí con la FDCP». Como representante de la comunidad de Cachipucara, Ticona llegaría a ser sub-secretario de la FDCP a nombre de la población aymara. En 1990 fue elegido alcalde distrital de Pilcuyo. Cinco años después se convirtió en el primer burgomaestre de la flamante provincia de El Collao. Un líder campesino nato «que no hablaba bien el castellano» recuerda uno de sus colaboradores. En Ilave (la capital provincial), inicialmente, despertó rechazo,  «entre los vecinos antiguos, aquellos de la época de las haciendas, sobretodo». La organización de mujeres de la provincia «que tenía en su esposa María a su dirigente más fuerte hizo un gran trabajo para elegirlo». La gran demanda era por obras en las comunidades campesinas. Con eso —afirma nuestro entrevistado— «se ganó a la población».⁸ Su método —según el propio Ticona— tenía dos elementos centrales: la participación ciudadana y un enfoque administrativo gerencial.⁹ Mayor recelo aún despertaría su postulación a la alcaldía provincial de Puno al cabo de dos períodos municipales en El Collao. «¿Cómo ese campesino, ese cholo, puede ser alcalde?» se preguntaban en la capital departamental. Para ese entonces contaba ya con su propio movimiento cuyo nombre recogía su exitosa fórmula inicial: Frente Independiente Juntos por Obras. Un grupo de estudiantes vinculados a la parroquia de Ilave y al movimiento campesino conformaron su equipo inicial.¹⁰ Raúl Salamanca recuerda sus dotes políticas: se cuidaba en un inicio de enfrentarse directamente con el gobierno; proponía incorporar a los barrios en la gestión municipal; luego, a pesar de su retórica de oposición, «comenzó a coquetear con Fujimori». Sea como fuere, «representaba la aspiración de los pueblos aymaras; la ilusión de tener un representante salido de abajo y ampliamente reconocido». Entusiasmados por su triunfo electoral se decía entre sus seguidores: «lo estamos entrenando para Presidente».¹¹ El voto del campo le dio la victoria. Con este record, llegó en el 2000 al Congreso de la República. El resto de la historia es menos edificante: la de su «compra» por el régimen tras haber sido elegido por un movimiento opositor. ¿Ingenuidad? ¿Chantaje? ¿Exceso de pragmatismo?

Una mujer aymara llenaría el vacío dejado por la caída de Ticona, precipitada por la renuncia de Alberto Fujimori en noviembre del 2000. En sus propias palabras, Paulina Arpasi describe de la siguiente manera su trayectoria, desde su base hasta el Congreso de la República:

«Provengo de una familia muy humilde que vive en una comunidad campesina, dedicada a la agricultura y la ganadería de autosustentación. Desde hace diez años —ahora tengo 35— soy dirigenta. Empecé en el Comité del vaso de leche de mi comunidad, después fui presidenta del Comité de Madres y luego pasé a ocupar un cargo de dirigenta distrital de la FDCP, luego pasé a la provincia y finalmente al departamento de Puno. A fin de 1999 celebramos el IX congreso de la Confederación Campesina del Perú (CCP), adonde hemos concurrido desde 20 departamentos, más de mil delegados y sólo de mi departamento vinimos 100 delegados. Allí fui elegida en la secretaría general colegiada de la CCP, la única mujer de los cuatro cargos de ese organismo. A partir del 1 de enero de 2000 empezamos a ejercer nuestro cargo que, por ser colegiado, es rotativo. Ya en esa época la situación política del Perú era muy grave porque teníamos un gobierno autoritario, una dictadura, y ya no podíamos más. Ese año había elecciones. Como salí primera en el sorteo del colegiado me vine a Lima a asumir mi cargo. La lucha fuerte contra Fujimori ya había comenzado, todas las organizaciones sociales estaban movilizadas, los intelectuales, los profesionales y sobre todo la juventud. Hubo un día entero en el cual estuvimos en la calle, bajo las bombas lacrimógenas. Ese día conocí a la doctora Eliane Karp, que ha ayudado mucho a las mujeres del Perú. A partir de allí he coincidido con ella en muchas actividades como conferencias de prensa, lavado público de banderas, hemos estado en plantones de mujeres, en fin, de todo. El 26 de julio de 2000 la CCP realizó una movilización muy grande, a la que invitamos a todas las organizaciones sociales. En mi discurso, dije que a partir de ese día no teníamos más presidente, porque la elección de abril había sido ilegítima. Luego hicimos otra movilización [la marcha de los Cuatro Suyos, JLR] con cerca de 100 mil personas en la calle, sobre todo gente de las provincias, a pesar de que en el camino la policía y el ejército nos ponían obstáculos de todo tipo. De nuestra provincia salimos 500 personas pero sólo pudimos llegar 200. El 28 de julio fue el día más triste que hemos tenido, regados con bombas lacrimógenas, tragamos esos humos y casi quedé asfixiada. Aquello parecía la guerra, había tres aviones que sobrevolaban la manifestación. Al día siguiente el doctor Alejandro [Toledo] vino al local de la CCP a agradecernos nuestra presencia. Ahí fue que nos conocimos. Las movilizaciones siguieron todos los días, sobre todo en provincia con la participación masiva de las comunidades campesinas. Así hemos recuperado nuestra democracia. Yo no me ofrecí para este cargo, jamás fui a pedir un cupo. Faltando dos días para proclamar los candidatos, la doctora Eliane Karp me llamó y me dijo: «Hemos decidido con mi esposo que tu seas candidata del partido Perú Posible». Yo no me esperaba que sucediera eso tan rápido. A largo plazo lo había pensado, sí quería. ¿Por qué no puedo llegar a ser congresista?, me decía. Pero nunca me hubiese imaginado llegar este año. Ni lo soñaba. Sí estaba decidida a seguir luchando por los campesinos como dirigenta nacional».¹²

En aquella entrevista del 2001, tenía Arpasi la esperanza de que se produjesen «verdaderos cambios». Preguntada sobre el «asunto indígena, tras admitir su propia confusión, explicó de la siguiente manera sus dilemas al respecto: 

«Un campesino es el comunero más reciente, desde Velasco. Pero indígenas somos todos los integrantes de la clase media y para abajo, los pobres, todos, todos. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta de eso, no quieren que se les diga indígena. Piensan que esa palabra es mala. Pero no es así. Yo me he preguntado qué gran diferencia hay entre indígena y campesino, y ahora lo sé. La gente no lo sabe. Los selváticos no quieren que se les diga campesinos, los de la sierra no quieren que se les diga indígenas. Es muy difícil. Desde la comisión del congreso vamos a tener que hacer muchos cambios. Por lo pronto cambiará el nombre que ya no será de Asuntos Indígenas sino de Derechos Indígenas». ¹³

Consecuente con su recientemente asumida identidad indígena, Arpasi declararía meses después que no cambiaría su tradicional atuendo aymara para «vestir al estilo criollo» porque es muy importante que «los indígenas sepan que tienen a una representante en el Congreso en Lima».¹⁴ Con las ilusiones magulladas, en el 2003, Arpasi se uniría al congresista afro-peruano José Luis Risco para denunciar: «que es discriminada dentro del Congreso por ser indígena y mujer», lo que impedía ejercer a plenitud su labor legislativa.¹⁵Ciertamente, en las elecciones del 2002, «el sentimiento dormido de la verdadera identidad indígena» de la mayoría de la población peruana sacó la cabeza una vez más.¹⁶¿Cómo en Bolivia o Ecuador, cobrará en el Perú una dimensión política la reivindicación indígena?

En las elecciones regionales puneñas del 2002 entra a terciar un candidato inesperado: el Coronel EP Alberto Pinto Cárdenas. Apuesta a cosechar los réditos de su «acción cívica de gestión» de tiempos fujimoristas. «Cada vez que regresaba a Puno —manifiesta— tenía un recibimiento muy afectuoso y espontáneo. Ud. a hecho esto, usted hizo también esta otra obra me decían». Entonces —continúa— «comencé a calcular que con una campaña de unos 20,000 a 30,000 dólares podía tener posibilidades». Se propuso postular al Congreso en las elecciones generales del 2000. Habló en esa oportunidad con el FREPAP: «me pidieron 6,000 dólares pero después el coordinador no quiso». Luego buscó a Absalón Vásquez —uno de los operadores del fujimorismo y organizador del frente electoral reeleccionista del 2000— quien «no me dio cara». Muy probablemente porque sobre Pinto Cárdenas pesaban ya, para ése entonces, acusaciones de vínculos con el Grupo Colina.¹⁷ En las regionales del 2003 tendría su oportunidad. Aquellas acusaciones, sin embargo, entorpecieron su posibilidad de hacer campaña pues tenía orden de captura. Aún así «con sólo diez o quince días», obtuve unos 30,000 votos [5.84%]» dice satisfecho. Si hubiese debatido con Jiménez y Quintanilla —concluye el coronel— «les saco el alma a los dos».¹⁸

La del PUM en Puno fue la última batalla de la «nueva izquierda» de los 60. Hacia mediados de los 90 —como diría Ricardo Letts— había llegado esta a su «fin cabal».¹⁹ Del legado radical que se remonta al XIX, el APRA, en los 20, se llevó el populismo urbano; el populismo rural o campesinismo quedó como la gran bandera para los revolucionarios de las décadas siguientes. Desde los 60, vanguardias marxistas-leninistas buscaron combinarlas con nuevos aportes ideológicos: del maoísmo a la teología de la liberación. Durante los 80, la ya veterana «nueva izquierda» se consumió en sus propias utopías, en su propio fervor. Protagonizando —en su versión maoísta radical— una tragedia incalculable. Sin el elemento agrarista, colapsado el mundo ideológico que sustentaba sus propuestas, la continuidad izquierdista parece haber quedado interrumpida. ¿Cómo recuerdan algunos de los ex-pumistas la «batalla por Puno»?

Con Ernesto Sueiro me encuentro en su oficina de asesor de la presidencia de FONCODES. Rememoramos por un rato sus experiencias en el proyecto Pampa. Habla con seguridad y orgullo de su labor en esos años. Y ve, en la que ahora desempeña, una prolongación de lo hecho en aquel entonces. Similar conexión encuentra Eduardo Cáceres entre sus años en la política y su actual labor como director de una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos. «Sigo pensando —dice— que este país requiere de una transformación profunda; que requiere una revolución». En el sentido de cambios estructurales muy profundos, moleculares, más que un «asalto al poder», acota. Fue secretario general del PUM entre 1988 y 1992. La historia de su partido en Puno le trae la memoria de «lo que se pudo hacer y no se hizo». Reconoce que rememorarla le desagrada. Advierte que carecemos aún de la perspectiva necesaria para una evaluación adecuada. Es una historia —dice— que tiene «un primer final de derrota». Cada vez que vuelve al altiplano, sin embargo, «se encuentra con los mismos actores en nuevos roles» aunque con los mismos ideales. Menciona el calor nostálgico, el orgullo, con que muchos antiguos compañeros, recuerdan aquellas jornadas. Se pregunta, entonces, si lo hecho por su partido, por su generación, no tendrá más adelante lecturas más positivas.²⁰  Con Augusto Castro el diálogo ocurre en su oficina de profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Después de Puno inició una brillante carrera académica. Ha publicado sobre historia del pensamiento en el Perú como sobre cultura y filosofía oriental. Entre 1995 y el 2000 se desempeño como profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tokio. Recordar para él es menos fácil que para Sueiro o que para Cáceres. Salió de Puno con una gran frustración, entre amenazas y acusaciones. Uno de sus más cercanos colaboradores fue victimado. En el curso del diálogo, no obstante, va recuperando el brillo de aquellos «años heroicos». Una experiencia extraordinaria, dice, rememorando su llegada a la zona de Chucuito donde Gregorio Ticona sería su primer gran contacto. A los 20 años —recuerda Castro— Ticona era ya presidente de su comunidad. «Ambos éramos —dice— tan sólo unos chiquillos». Lamenta, por cierto, la implicación de su viejo amigo en el escándalo de los «tránsfugas» que ocupa primeras planas en la prensa de esos días en el Perú. Vienen luego recuerdos aciagos. Para 1984 teníamos en militancia a unos 300 dirigentes campesinos. ¿Cómo iba a entrar a Puno Sendero Lumino? «Jamás quisimos aceptar que la violencia iba a convertirse en un elemento central. Creíamos que el movimiento de masas se encargaría de derrotarlo». Que nunca podrían penetrar ese «tejido fuertemente enhebrado que es la comunidad». «Quien iba a imaginar que en lugar de desenredar la madeja iban a arrasarlo todo».²¹ En su trayectoria, Sueiro, Castro y Cáceres comparten muchas experiencias comunes: la Universidad Católica, la militancia cristiana, el PCR y, por supuesto, el PUM. La suya es la voz de tan sólo una parte de la izquierda de los 70.

Partiendo de visiones similares —aunque moldeadas por valores muy diferentes— otro segmento de la misma corriente tendría un destino muy diferente. En el 2002 ventilan sus memorias tras las rejas. Me encuentro con algunos de ellos en la prisión de máxima seguridad de Yanamayo construida en una pampa a la salida de Puno hacia la ciudad de Juliaca. Llego hasta ahí con el equipo regional de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nombrada por el «gobierno de transición» —que sucedió al renunciante Fujimori en noviembre del 2000— para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el período de la «guerra senderista». En una audiencia interna los detenidos por delitos de terrorismo harán conocer sus testimonios a esa entidad investigativa. Entre las denuncias a los maltratos recibidos, algunos de los detenidos puneños entretejen su propia versión de lo ocurrido en el altiplano durante los 80. En junio de 1986 —relata uno de ellos— «un contingente del EGP tomó la central de la ERPS Kunurana, movilizando a cientos de campesinos invaden las tierras, reparten el ganado, herramientas, alimentos, enseres de todo tipo». Como respuesta —continúa— fueron enviados «cientos de soldados y efectivos de la Guardia Republicana, conocidos como Llapan Atic, armados hasta los dientes». Detuvieron a varias personas, entre ellos un querido profesor local, Olger Marrón Mamani, quien fue «asesinado, acuchillado con sadismo». Relata otro la toma de la SAIS Illari por un centenar de hombres armados que «nos han explicado y dirigido lo que nosotros por muchos años hemos buscado: la tierra para quien la trabaja. Procediendo luego a repartir el ganado a los campesinos e incendiar el local de la administración. Evalúa, a continuación, el impacto de aquellas acciones:

«¿Qué ha quedado hoy para el campesinado? Comunidades campesinas enteras, como nunca antes se viera han venido a posesionarse de esas tierras. Hoy, viven, trabajan y alimentan a sus hijos en esas tierras. Antes en esas mismas tierras los pastos se pudrían, mientras los campesinos no tenían qué dar de comer a sus ganados y con qué mantener a sus hijos. Hace poco tiempo, comentábamos con un familiar y campesino del lugar acerca de la Corriente del Niño y la sequía en Puno, él me decía: ‘La sequía del año 83 nos castigó duro, pero la del 98 la enfrentamos con nuestras reservas, teníamos chuño, quinua, cañihua, cebada, etc. guardada gracias a que hoy tenemos tierra para trabajar, antes trabajábamos para la hacienda y la Cooperativa.’ No sólo eso, sino también me consta que antes de ese hecho, el campesino del lugar tenía ganado nativo, pero después del reparto del ganado en la comunidad había por lo menos un toro Bronwsswis [sic] para mejorar su ganado».

Un tercero, finalmente, se ocupa de los muertos causados por las fuerzas del orden usualmente endilgados «a los compañeros». En el distrito de San Juan de Salinas, por ejemplo, en 1983, «amanecen muertos los miembros de una familia, cinco personas. De  esta muerte el pueblo sindicaba como autor intelectual al señor Zenobio Huarsaya con complicidad de los miembros de la Guardia Civil de ese entonces». Mayoritariamente puneños, buenos conocedores de su región, los miembros del equipo de la CVR —abogados de derechos humanos en su mayoría— proceden a hurgar en los vacíos de los testimonios. Interrogan directamente por los asesinatos de Marcelino Pachari, Porfirio Suni, Tomás Quispesayhua y otros. Sus preguntas suscitan la inconformidad de los dirigentes senderistas. Esto no es un interrogatorio policial, dicen. La jornada tiene un tenso final. Los límites del intercambio quedan en evidencia para todos.  Dirigimos —remata Osmán Morote—una «revolución campesina» que logró barrer la feudalidad.²² Sus héroes son demonios para los otros. Y sus acciones gloriosas poco menos que cobardes agresiones. En el terreno de la memoria no hay reconciliación a la vista.

Por un margen estrecho es que el movimiento «Marqa» derrota al PRD en las elecciones regionales de Puno del año 2002: 24.48% versus 23.63%.  Creen estos últimos que su gran error ha sido: su inadecuada respuesta a «la campaña de nuestros contendores que nos presentaba como un peligro de nuevas tomas de tierra, que traerían nuevamente violencia social». Y es que ellos mismos «no habían transmitido el mensaje correcto», a saber, que las luchas del movimiento campesino, en particular las tomas de tierra de los años 1986 a 1990, habían evitado que SL convirtiera a Puno en «un segundo Ayacucho». El antecedente del «tránsfuga político Gregorio Ticona Gómez» así como «la conducta de la Congresista Paulina Arpasi», —«quien se aleja de la FDCP y del PDR para incorporarse al proyecto sectario de Elian Karp»²³— actuó en el mismo sentido. Desde la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Perú la primera dama promueve una suerte de indigenismo remozado. Que la candidata a la Vice-Presidencia regional por el PDR, María Anahua no hubiese «zanjado políticamente con Paulina Arpasi» —su vieja compañera en el movimiento campesino— había sido particularmente costoso. Al fin y al cabo, «atizada por actitudes discriminatorias», la población urbana ve a estos personajes como «incapaces y traicioneros», dudando, en general, de la capacidad de los campesinos para gobernar, directamente, la región.²⁴ Mientras les presentaba como los responsables de la destrucción de las EEAA y, por ende, «del descenso de la producción agropecuaria» regional, Jiménez Sardón eludía responder preguntas sobre su propio pasado político y centraba su campaña en las ciudades. De ahí provino la ventaja que sacó sobre el PDR. De Juliaca, particularmente, donde «Marqa» obtuvo alrededor de 14,000 votos sobre su rival. Ahí, la profesora y empresaria Sonia Frisancho «emplazó a nuestra candidata a la Vice Presidencia Maria Anahua, quien no salió a hacer campaña».²⁵  La exigencia de incluir un cierto número de mujeres en sus listas de candidatos ha dado un nuevo aliento a su participación política. Puno, Ayaviri, Ilave, Yunguyo apoyaron al vencedor. El PDR ganó sus votos en los pueblos y en el campo. Así —según un análisis— el proceso electoral devino «una verdadera lid izquierdista por la presidencia de la región».²⁶ Al final: 122,000 para «Marqa»  111,000 para el PDR. Como ocurrió en los años 20 con la rebelión del Tawantinsuyo, la «verdad» sobre las confrontaciones de los 80 no llega a ser claramente establecida. Como entonces, el fantasma de la agitación rural deja huellas profundas que perturban y dividen la memoria. 

En los distritos de la antigua zona roja, mientras tanto, la miseria sigue siendo un hecho clamoroso. Exhiben los índices de pobreza más elevados de la región y del país. La Iglesia sigue siendo ahí, por cierto, una institución fundamental. Sin el carisma de otros tiempos, no obstante. Como ente político —según el antropólogo Alex Diez Hurtado— la Iglesia puneña vive una paradoja: identificada con las luchas sociales en tiempos en que muchos de sus agentes pastorales «eran percibidos como extranjeros», ahora, cuando «sus integrantes son más locales», se produce «un aparente distanciamiento del movimiento popular».²⁷  Con la pacificación vuelven las ONGs, la lucha por el desarrollo. El fenómeno de las «mesas de concertación institucional» apoyadas por CARE-Perú en el marco del «Programa de Fortalecimiento de la Gestión Local» es una de las experiencias puestas en práctica en la zona norte del departamento.  Se intenta promover sociedad civil en el nivel local, lograr que esta —a nivel distrital y provincial— elabore su propio plan de desarrollo, que articule demandas y ejerza fiscalización.²⁸ El listado de organizaciones participantes incluye, de los alcaldes y los jueces de paz a los comités del vaso de leche y organizaciones juveniles. La Policía Nacional e incluso las BCS aparecen también participando ahí con sus propios delegados. Ahí, donde históricamente prevaleció el conflicto se apuesta por la concertación. ¿Suficiente —como dicen los documentos de las ONGs— el «empoderamiento» de la sociedad civil para doblegar una inveterada pobreza estructural? ¿Qué tan trascendental es en esa lucha haber barrido la gran propiedad?

Diversos indicadores dan cuenta de la postergación rural: tasa de desnutrición crónica de casi 30%; tasa de mortalidad infantil de 59%; un 65% de niños entre 34 y 36 meses de nacidos afectados por desnutrición crónica.²⁹ La lista es larga y deprimente. No es extraño, por ello, que desde fines de los 90 los gremios campesinos se hayan reactivado. En el 2003, la FDCP ha realizado dos paros departamentales. Ya no hay PUM ni Iglesia militante. Las mujeres juegan en ellas un papel cada más visible y destacado. Claudia Coari es —a mediados del 2003— la encargada de la secretaría general. Regidores y regidoras campesinas aparecen encabezando las movilizaciones. La población, dicen las estadísticas, es ahora más urbana que en 1980 —lo que no conlleva una completa ruptura con la vida rural—. Las «combis» invaden el campo acortando distancias entre «ciudad y campo». Se multiplica el fenómeno de los municipios campesinos. El ámbito de la pequeña y micro empresa crece en Puno y Juliaca atrayendo mano de obra del campo. Surge así, lo que algunos identifican como un patrón de vida rural-urbano, una nueva fase de la vieja lucha por la supervivencia del poblador campesino altiplánico.³⁰  ¿Lograrán que el nuevo Gobierno Regional, lejos de ser el último peldaño de un Estado expoliador, sea el representante de la emergente sociedad civil?

 «Marqa» y el PDR colocan el elemento étnico en el centro de sus campañas. Dentro de un sentido más identitario, modernizante, respaldado por una imagen tecnocrática, los primeros. Más en un sentido campesino, agrarista, popular, en el caso de los segundos. En el Perú, a diferencia de Bolivia o Ecuador —como recuerdan antropólogos como Carlos Iván Degregori y Jaime Urrutia— obtener ciudadanía fue más importante para los campesinos que afirmar la identidad étnica.³¹ Lo cierto es que, hacia mediados del 2002, Paulina Arpasi no es un personaje popular en la capital puneña. Queda esto corroborado por la agresividad verbal que contra ella despliegan las columnas de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno (ADEMUC) —con su presidenta María Anahua a la cabeza— con ocasión del paro regional en respaldo de la lucha de Arequipa contra la privatización de dos empresas eléctricas regionales en junio del 2002. No se ha aplacado la combatividad de los puneños. Los días de paro, los gremios proceden, prácticamente, a tomar control de la capital departamental mientras las bases provinciales bloquean, sin oposición, carreteras y caminos. Ocurrió así con el paro convocado por la FDCP en septiembre del 2003. Piquetes de campesinos interrumpen las carreteras. Por 48 horas no hay, prácticamente, comunicación terrestre entre Cuzco, Puno y Arequipa. El reporte de dicha jornada en «Voz Campesina» de la CCP —accesible ahora en el Internet— recuerda los mejores tiempos de la lucha gremial campesina:

«Desde todas las provincias del altiplano, arribaron las delegaciones campesinas por diversos medios. Llegaron desde las provincias de la zona norte como Melgar y Azángaro, Lampa y San Román. De igual manera de las zonas aymaras, como Huancané, San Antonio de Putina; de la zona sur de Puno y de la lejana provincia de Sandia. Arribaron con sus dirigentes a la cabeza, acompañados también por autoridades locales campesinas, como las compañeras María Machaca y Ángela Chisya, regidoras provinciales de Azángaro y Melgar».³²

En mayo del 2003, fueron los estudiantes quienes desafiaron al gobierno al protestar la declaración de estado de emergencia en medio de una violenta oleada de protesta popular. En las cercanías de la ciudad universitaria, varios cientos de estudiantes se enfrentan con las patrullas militares. Responden estas con sus armas. Más de 40 heridos y  una víctima mortal —Eddy Johny Quilca Cruz— quedan en el pavimento. Una comisión del Congreso llegará a investigar los hechos. Nadie, al final, será responsabilizado.

De los cambios en la política altiplánica en las tres últimas décadas —tan intensas como las finales del XIX e inicios del XX— Juan Carlos Málaga tiene una perspectiva particular. Representa en Puno la tradición burocrática regional. A la administración pública incorporó en los tiempos del Instituto Indigenista Peruano a mediados de los años 60. Llegaría a ser sub-director de SINAMOS. Recientemente ha servido como Presidente del CTAR y como Director de Agricultura. Ya casi en el retiro puede ensayar una mirada retrospectiva a más de 30 años de historia local. Se detiene en sus momentos cruciales: los años 50, cuando, debilitados los hacendados, ascienden los comerciantes cholos y de hacendados-profesionales como Torres Belón. Manejaron entre ambos la CORPUNO. Con la Reforma Agraria «de un plumazo desapareció una capa de propietarios de origen arequipeño». Los «gerentes» que los reemplazaron en el manejo de las EEAA representaron el caos y la frustración del sector agropecuario. La Universidad  del Altiplano dejaría sentir su papel social en los 70 en la lucha contra el régimen militar.³³ Patria Roja y Puka Llacta congregaron a los hijos de campesinos en proceso de profesionalización tanto como a hijos de hacendados empobrecidos. Pero fue el PUM que, en alianza con los curas, organizó al campesinado. Los maoístas locales se concentraron entonces en la ciudad impulsando el FOP frente a la FDCP pumista. ¿La reestructuración? un «pandemonio». Con ella, «todo un orden se hundió, las propias comunidades se están parcelando». Y ahora, concluye, «nos toca a nosotros». Reparo en su complexión clara, sus ojos verdes, orgulloso de su ascendencia mistiana: «Arequipa —dice— es uno de los pocos sitios del Perú donde hay una conciencia cívica». Siente también orgullo de su legado materno que le vincula a la zona de Acora. Los movimientos de reivindicación aymara —señala— representan el punto más alto de la «insurgencia chola». Sienten «que deben ser ellos quienes dirijan el departamento». Hay una «actitud excluyente, racista, quien no se apellida Condori o Ticona no tiene cabida». Este flujo —subraya— viene de «mucho más abajo que el FRENATRACA de los Cáceres».³⁴ 

Sus palabras sintetizan la última etapa de una larga historia: el alza y caída de las élites puneñas, la demolición del «muro» contra el cual se dieron antes los Bustamante, los Urviola, los Erasmo Roca, los Mariano Lariqo. La pobreza, el estancamiento, el olvido estatal, son viejos elementos de la vida altiplánica. ¿Ayudarán la globalización, la apertura al mundo, la descentralización a domeñar estos factores? Tras las palabras, las memorias y el activismo, con un 78% de pobres —la mitad de ellos por debajo de la línea de pobreza crítica³⁵—, Puno espera. No inerme por cierto. Haciendo nación «desde abajo», al compás de su lucha por la supervivencia, por el contrario. Ni «míticos» ni «gorkyanos» sus pobladores. Demasiado distantes del centro del poder sin embargo. Tan cerca del cielo, tan lejos de Lima.

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Notas