Una digresión necesaria

Tiempo atrás tuve la oportunidad de entrevistar a un coronel del Ejército Peruano. La conversación tuvo lugar en su oficina en la ciudad de Puno, donde dicho oficial ejercía un cargo de alta responsabilidad político-militar. Por ese entonces, Javier Pérez de Cuéllar recorría el altiplano en lo que sería el inicio de su campaña por la presidencia. Desde su escritorio, a través del teléfono, el coronel seguía los movimientos del aún no declarado candidato a través del departamento. Otras interrupciones tenían que ver con nombramientos de autoridades locales y disputas dentro de Cambio 90 —el partido del gobierno—; problemas a los que el coronel daba expeditiva y tajante solución. Era mediados de 1994 y el coronel hablaba con tono victorioso. En algún momento, al referirse a la permanente preocupación de su institución por el futuro del país, el coronel intentó establecer los vínculos entre el velasquismo y el fujimorato. "Entre Velasco y Fujimori, ¿cuál de los dos cree usted que era más fuerte como líder?" aproveché para preguntar. "Fujimori por supuesto," respondió mi entrevistado sin dudar. "Mientras Velasco tomaba días antes de decretar, por ejemplo, una subida del precio de la gasolina, porque tenía que pensar cómo le va a afectar a estos y a los otros, Fujimori toma una decisión y la ejecuta de inmediato sin entrar en cavilaciones" afirmó el coronel rubricando su argumento con un golpe sobre la mesa. Al despedirnos, esgrimiendo una sonrisa cazurra, me alcanzó un calendario con la foto del presidente-candidato que sacó de un cajón de su escritorio.

En los meses previos a mi entrevista, la zona selvática del departamento de Puno —la provincia de Sandia en particular— había sido escenario de lo que sería el último intento del MRTA por establecer un frente guerrillero fuera del noreste amazónico, donde habían centrado sus acciones de guerrilla rural. Fracasaron miserablemente. Heridos, agotados, prácticamente entre sollozos, un puñado de jóvenes provenientes del departamento de San Martín argumentaban su inocencia ante un reportero local en un video que tuve oportunidad de ver.

Interesado en el tema de la violencia política en América Latina, había leído por aquel entonces un excelente libro sobre la toma del Palacio de Justicia colombiano —con una docena de magistrados dentro— en noviembre de 1985 (Ramón Jimeno, Noche de lobos, Bogotá, 1988). Pretendían los asaltantes que, desde la cautividad, el máximo tribunal del país procesara públicamente al Presidente Belisario Betancur por sus responsabilidades en la frustración del proceso de paz y diálogo nacional. Fieles a su voluntarismo —afirmaba Jimeno— quienes concibieron la operación, creían que este "juicio excepcional" podría concluir con la formación de un nuevo gobierno. Era como agitar un trapo rojo frente a un toro bravo —continuó— pues ni las élites del país ni el ejército estaban dispuestos a aceptar que se diera tratamiento de triunfadores a quienes habían sido derrotados en el campo de batalla. Aislado, Betancur optó por dejar que los militares aplastaran a los rebeldes aún a costa de la vida de sus propios funcionarios. Veintiocho horas después de iniciada la toma, unos 115 cuerpos yacían en los escombros del destruido Palacio de Justicia bogotano. En perspectiva —concluyó Jimeno— tales acontecimientos no sólo señalarían el completo descrédito de los esfuerzos de paz sino que abrirían paso al clima de impunidad y descontrol militar que lanzó a Colombia por los caminos de la guerra sucia. Once años después, desdichadamente, las víctimas de la violencia política colombiana siguen contándose por decenas.

Todos estos recuerdos han venido a mi memoria en estos días mientras sigo, a la distancia, los sucesos relativos a la toma de la residencia del embajador japonés por el MRTA en Lima. Y si me he tomado la libertad de agotar al lector con una larga digresión inicial es porque creo que las anécdotas que anteceden ayudan a identificar los elementos que se anudan en el impase que entra hoy a su vigésimo primer día.

Como en el caso colombiano, ciertamente, la toma limeña me remite, en primer lugar, a la naturaleza voluntarista y hermética de la decisión emerretista —los supuestos "derrotados" de tres semanas atrás—, reflejo de una tradición vanguardista y militarista en creciente desprestigio a través de Latinoamérica. Me remite también, de otro lado, al triunfalismo y a la arrogancia de los "vencedores"; a su creencia de que sus aciertos en la guerra subversiva avalan sus visiones autoritarias y escasamente democráticas.

El Perú bajo la lupa:
la visión desde fuera y la visión desde dentro

Expuesto quizás como nunca antes en su historia reciente al comentario y el análisis de la prensa internacional, el régimen de Fujimori enfrenta el más riguroso test externo en siete años de existencia. Las sombras de la "pacificación" (el trato inhumano de los prisioneros, la ausencia de mecanismos de fiscalización, la dudosa legalidad de los procedimientos) y los cuestionables resultados sociales de la política económica del régimen aparecen, en este contexto, como factores que, sin llegar a justificar el recurso a la violencia, ayudan a explicarla y entenderla. Desde fuera y desde dentro, dos visiones contrapuestas parecieran surgir. Así lo entiende el sociólogo Raúl Gonzáles quién, en declaraciones a la agencia EFE sostuvo que:

....pese a que en el Perú nadie duda que el MRTA es una organización terrorista, porque detonó coches-bomba y cometió secuestros y asesinatos por ajustes de cuentas, en el resto del mundo ha logrado proyectar una imagen distinta tras el asalto a la casa del embajador Aoki.

En tales circunstancias —concluye Gonzáles— Nestor Cerpa Cartolini —el líder del operativo emerretista— debería aprovechar el "gran botín político" que ha recaudado para "liberar a los cautivos y marcharse del país" puesto que "sería recibido adonde vaya por al menos 200 periodistas que lanzarían al mundo sus declaraciones, que tendrían el peso de quien no maltrató y liberó finalmente a sus rehenes."

Merodeados por las memorias de la violencia de los 80 e inicios de los 90, en efecto, muchos peruanos sienten que —de la "jaula" de Abimael Guzmán a la "prisión-tumba" de Víctor Polay- no hay castigo suficiente para quienes son percibidos como los responsables directos —y acaso únicos— de las desdichas de todos esos años. Los indicios de un repudio generalizado a los métodos violentos son abrumadores. Mientras en el exterior el tratamiento de los presos por delitos subversivos aparece como indefendible, dentro del Perú, defender los "derechos humanos" de los "terrucos" aparece como descabellado, estúpido o, más aún, anti-peruano. Incluso en círculos intelectuales reconocidamente críticos del poder se pueden escuchar declaraciones de adhesión entusiasta a la pacificación fujimorista. En un seminario realizado algún tiempo atrás por SUR-Casa de Estudios del Socialismo, por ejemplo, uno de los expositores señaló, conmovido:

Esta mañana cuando cierro estas líneas y me preparo a colgar, por un tiempo esta pluma mía....esta misma mañana de sol y cielo despejado, quiero decir, Abimael Guzmán (el padre de todos los asesinatos) sustenta, rendido, sus peticiones de un acuerdo de paz. Y cada nuevo petardo está próximo a ser "uno menos" que les queda. El tiempo, que no se detiene ni con amor ni con oro, nos acerca a la pacificación.

Además de las víctimas y la destrucción, la violencia de los 80 e inicios de los 90 dejó entre los peruanos una acuciante necesidad de creer. De creer en un futuro de paz a cualquier precio, acaso sin entrar a considerar las sutilezas jurídicas de un mecanismo probadamente eficaz. Ni el más espectacular despliegue propagandístico con que jamás los emerretistas hubiesen podido soñar pareciera ser capaz de conmover tal convicción.

Después de la toma ¿qué? Acaso para cuando esté usted leyendo estas líneas la toma de la embajada sea cosa del pasado. Sea cual sea el desenlace, no obstante, de nada valdría las privaciones, las pérdidas o las posibles víctimas si es que este penoso inicidente no sirve para comprender que —como lo ha sostenido la en repetidas oportunidades la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos— "la PAZ es una tarea incompleta en el Perú y que algunas políticas gubernamentales no han contribuido a avanzar en esa dirección." Que construir la PAZ supone "abordar seriamente estos problemas y sentar las bases de una sociedad reconciliada, más democrática y respetuosa de los derechos básicos de las personas." Que la PAZ supone, en otras palabras, recuperar de las manos de los líderes fuertes el poder para definir la pacificación, encargando la tarea, más bien, a instituciones sólidas y legítimas que hablen por las mayorías y que sean capaces de crear un real ambiente de reconciliación en el cual se les haga a las bandas armadas usurpar el espacio de la crítica y los reclamos de justicia. En tal cometido, la consolidación de una oposición capaz de ejercer una crítica responsable y consecuente, dando voz a los convidados de piedra de la "modernización" fujimorista es un factor esencial. Entonces, acaso la pesadilla de la violencia pase a formar parte definitiva del pasado y todos los peruanos —de adentro y de afuera— podamos señalar sin miedo todo aquello que huela a pus.