¿Por qué tendría que haber sucedido de otro modo?

Introducción

Para fines del año 2000, mediante un fax conteniendo su renuncia, Alberto Fujimori finalizaba su gobierno. Cerca de diez años de fujimorismo dejaban un país desangrado, desanimado e institucionalmente putrefacto. Como añadido, más de 200,000 mujeres esterilizadas quirúrgicamente en un periodo de cuatro años¹.

Estas esterilizaciones masivas fueron el resultado de un agresivo programa estatal diseñado para mejorar las condiciones de salud reproductiva en los segmentos mas marginados de la sociedad peruana. Iniciado durante el segundo gobierno de Fujimori, el Programa Nacional de Planificación Familiar (PNPF) sigue siendo objeto de profundos cuestionamientos originados de testimonios de mujeres esterilizadas contra su voluntad (utilizando métodos de coerción, chantaje y violencia) y de casos de muerte por negligencia médica.

Como médico, tuve la oportunidad de conocer las historias de algunos de estos abusos², y he seguido de cerca el prolongado debate alrededor de ellos, debate muchas veces atrapado por la polarización entre agendas políticas e ideológicas definidas. En este artículo incluyo algunas opiniones y reflexiones con la intención de darle un nuevo aire a una necesaria e inconclusa discusión.

Divido esta presentación en dos partes. En la primera, hago un análisis de hechos y eventos ocurridos en las etapas previas a la implementación del PNPF. Mi objetivo son las razones que llevaron al régimen delincuencial de Fujimori a adaptar su política interna para satisfacer algunas de las prioridades en la agenda del activismo de los derechos humanos. En la segunda parte intentaré analizar las acciones de los diversos actores en la planificación y ejecución del PNPF como parte de una cadena de eventos predecibles en una sociedad donde la exclusión y el abuso han estado siempre presentes.

Parte I

«Ha quedado demostrado la necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge, adicionalmente, un tratamiento para los excedentes existentes: utilización generalizada de esterilización en los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias, se facilitaría el acceso de grupos familiares débiles a ciertos niveles de bienestar [...] Los métodos compulsivos deben tener solo carácter experimental, pero deben ser norma en todos los centros de salud la ligadura de trompas...» (Texto tomado del Plan Verde publicado en la Revista Oiga, 12 de julio del 1993)³.

No es materia de este artículo determinar el grado de influencia que el Plan Verde tuvo en el desarrollo de las políticas de estado durante el gobierno de Fujimori. Si bien el fujimorismo utilizó métodos muy similares a los detallados en el Plan Verde (PV), sería apresurado tomarlo como la única guía de acción del régimen fuji-montesinista. Hecha esa salvedad, la historia del PV posee una serie de elementos que merecen análisis. Lo primero es que, de acuerdo a diversas versiones periodísticas, el PV habría sido escrito por elementos allegados o miembros del aparato de inteligencia de las fuerzas armadas del Perú. Segundo, este documento fue elaborado a finales del gobierno de Alan García e incluye anexos añadidos luego de la elección de Fujimori en 1990. Tercero, mediante la Revista Oiga, el PV vio luz pública en julio de 1993. Así, para fines de 1993, en un país completando casi dos años de gobierno cívico militar, era de dominio público la existencia de un documento escrito por peruanos, aparentemente allegados a las fuerzas armadas, que mencionaba específicamente el uso de  esterilizaciones forzadas como parte de una política de estado.

Luego del autogolpe de abril de 1992, Fujimori se encontró en un escenario político incómodo. Huérfano de ideología y sin cuadros partidarios capaces de articular una propuesta que sustentase su organización de poder, Fujimori buscó alianzas con diversos sectores de la sociedad. Estas alianzas sirvieron a Fujimori para encontrar una serie de ilustrados voceros con bagaje ideológico propio, dispuestos a defender hasta lo indefendible.

Hacia 1994, la postura oficial del fujimorismo con respecto a los derechos reproductivos parecía definida. En setiembre de ese año se llevo a cabo en El Cairo la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas. Durante la intervención de la delegación peruana, Myriam Schenone, a la sazón ministra de la Mujer, discrepó abiertamente con conceptos como salud reproductiva, salud sexual o maternidad sin riesgo, sugiriendo que en ellos «subyace o se encuentra implícito un derecho al aborto»⁴. Con respecto al documento final de la conferencia, la representante peruana mostró su temor a que «el proyecto de programa de acción pueda contribuir a la ya iniciada desintegración de la familia en el mundo»⁵. Ese mismo año, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) abría las conclusiones de su informe anual expresando preocupación «por una notoria ausencia de instituciones y mecanismos que cautelen en forma eficiente la vigencia de los derechos humanos en nuestro país»⁶.

El 16 de junio de 1995, el fujimorismo promulgó la infame Ley de Amnistía, calificada más tarde por la CNDDHH como «el suceso más indignante en la historia de los derechos humanos en el país»⁷. Tan sólo un mes más tarde, Fujimori inauguró su segundo período de gobierno anunciando una nueva prioridad: «[...] el Estado promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor nivel educativo, tengan el mismo acceso a los métodos de planificación familiar con que cuentan las clases de mayores ingresos. ... Lo justo es difundir, ¡he dicho difundir!, a fondo, los métodos de planificación familiar... ¡Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino!»⁸. 

Es mi opinión que el intentar una explicación lineal a esta incongruencia del fujimorismo es una empresa sin sentido. Y hago esta afirmación basado en dos hechos que hoy son bastante conocidos. Primero, la organización de poder de Fujimori no se estableció respetando principios ideológicos ni formas políticas tradicionales. Por el contrario, el fujimorismo nunca tuvo un rasgo ideológico propio, y sus métodos, que usualmente consistían en chantajes y extorsiones, fueron más parecidos a los de una organización criminal. Segundo, Fujimori hizo uso repetido de la manipulación de pobres y marginados para legitimarse mediante mecanismos democráticos. Así llegado el momento, sin ideología que guiase sus acciones y sin otra ética que la propia, Fujimori pudo asumir como suyas las demandas de mejoras en la condición de los derechos reproductivos en el Perú, logrando así que el fujimorismo gane iniciativa y espacio para la negociación en un tema fundamental para sectores de la sociedad que, hacia mediados de los noventa, ya le ocasionaban bastante incomodidades.

Parte II

Los testimonios de las víctimas del PNPF parecen guardar semejanzas con otros actos de violencia reciente en el Perú. Las víctimas provienen usualmente de las regiones más empobrecidas del país, muchas veces de poblaciones rurales de las mismas zonas afectadas por años de guerra interna. En estas personas, las esterilizaciones han quedado en sus memorias como hechos abruptos y cargados de violencia, dejándolas además con una sensación de desamparo e injusticia.

A fines de 1996, diversos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil,  Defensoría del Pueblo e instituciones allegadas a la Iglesia recibían numerosas denuncias contra el PNPF. A diferencia de otros delitos ocurridos durante la década del fujimorismo, estas denuncias sí gozaron de espacios para su difusión y debate.  Este hecho no debe resultar extraño ya que el tema de los derechos reproductivos y las políticas de planificación familiar, son centrales para las organizaciones comprometidas con la universalización de la doctrina de los DDHH —en especial lo referente a los derechos de la mujer—. Así, estas organizaciones y sus usuales rivales ideológicos y políticos han participado activamente en la difusión y debate de las denuncias.

Las denuncias contra el PNPF incluyen numerosos y reiterados delitos que van desde violaciones al libre e informado ejercicio de elección de un método de planificación familiar, hasta llegar a groseros actos de chantaje y negligencia médica. Todo esto asociado a una reiterativa y generalizada violencia con la que las mujeres fueron (y quizá siguen siendo) tratadas en servicios de salud reproductiva.⁹

En octubre de 2001, la Subcomisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en las Acciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) de la Comisión de Salud del Congreso, presentó a la Comisión Permanente su informe en mayoría. En él, los miembros de la Subcomisión concluían que en las acciones investigadas «existen indicios de la presunta comisión de delitos contra la libertad individual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delito de asociación ilícita para delinquir y delito de genocidio»¹⁰. El informe ha sido sometido a dos votaciones por Comisiones del Congreso siendo archivado en ambas ocasiones.

La importancia de la acusación de genocidio no está en el sustento que exista para establecerla, sino que al analizarla emergen una serie de elementos que pueden ayudar a explicar las razones detrás de algunos de los delitos cometidos por el PNPF. Para establecer apropiadamente una acusación de genocidio contra Fujimori y sus secuaces se tendría que primero contar con elementos claros que prueben que hubo un plan central dirigido en contra de un segmento de la población del Perú. Una vez puesto en marcha, un plan genocida de gran magnitud requiere de una organización en la que sus componentes compartan diversos grados de responsabilidad. Ya que ni Fujimori ni sus ministros fueron responsables directos en ejecutar las esterilizaciones, existe una lista interminable de enfermeros, obstetrices, médicos, planificadores, consultores, etc., que se vieron involucrados en las campañas de esterilización y que serían acusados de haber participado en este delito de lesa humanidad. Como en otros casos de genocidio, se tendría que determinar cuál fue el nivel de responsabilidad de estos ejecutores que vulneraron derechos fundamentales y universalmente reconocidos de las víctimas esterilizadas.

Poco se sabe sobre las etapas previas al PNPF. Aparte de cursos de capacitación en la técnica operatoria no existe información sobre algún tipo diferente de adiestramiento, si es que éste existió. No existen denuncias, ni testimonios ni evidencia de que los recursos humanos utilizados en las campañas de esterilización hayan tenido un adoctrinamiento especial para actuar de la manera violenta, decidida y eficaz que fue necesaria para obtener el gran número de esterilizaciones en tan poco tiempo. Tampoco hay documentos que certifiquen algún tipo de entrenamiento para chantajear tan consistentemente, para insultar a las usuarias con tanta frecuencia, para maltratarlas o para ignorar sus reclamos, como muchos de los testimonios de mujeres victimas del PNPF nos han mostrado. Pasados varios años desde la primera denuncia, las escasas declaraciones de personal de salud involucrado en las actividades de esterilización se han centrado en denunciar la política de cuotas, escaseando críticas sobre la forma en que las «clientes» del programa fueron sistemáticamente violentadas.

Epílogo

En el Perú, como en otros países del tercer mundo, los ciudadanos más pobres y marginados poseen un acceso muy limitado a servicios de salud. Estos servicios están usualmente compuestos por la oferta que el estado y organizaciones no gubernamentales puedan articular, pero no se dan aislados de la dinámica de una sociedad donde el racismo, el machismo, la exclusión y la violencia son lugares comunes. De esta manera, la búsqueda de explicaciones a los sistemáticos abusos que sufrieron las mujeres más vulnerables y con menos recursos durante el desarrollo del PNPF, no debe terminar con encontrar la veracidad de ciertos planes genocidas o entregar las necesarias indemnizaciones. Para encontrar una respuesta que no sólo satisfaga a las víctimas sino que a su vez prevenga futuros abusos, quizá deberíamos comenzar por reconocer y enfrentar nuestras enormes y extendidas limitaciones como sociedad.

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Notas

© 2004, Gonzalo E. Gianella
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Para citar este documento:
Gianella , Gonzalo E.: «¿Por qué tendría que haber sucedido de otro modo? Notas sobre esterilizaciones y genocidio en el Perú», en Ciberayllu [en línea]

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